Un grupo de familias de Son Banya que serán desalojadas en dos semanas han llevado a la Policía Nacional un informe de un detective que, según ellos, demuestra que hay un «chanchullo» en su expulsión.
La portavoz de las familias, Manuela Cortés, vincula que Cort haga cumplir ahora las sentencias que les expulsan del poblado con la apertura de un centro comercial en la zona. «Tenemos línea de autobús, nuestro colegio y ahora el ayuntamiento se da cuenta de que somos okupas después de 45 años aquí». Así apunta a los intereses comerciales: «¿Cuál es el afán? Pues el FAN».
Las familias afirman que les tendrán que desalojar muertos y que a ninguno de ellos se les ha dado una alternativa por parte del Ayuntamiento de Palma.
Cort ha pedido la ejecución judicial de varias sentencias que ordenan el desalojo y que afectan a 45 familias. Este grupo tendrá que dejar el poblado el próximo día 19 de abril. Para el resto de los moradores se ha dado un plazo de tres años y se incentiva su marcha con ayudas para que encuentren otros alojamientos.