Los tres restaurantes de la playa de Sa Caseta des Capellans – Can Gavella, La Ponderosa y Olimpia Opa & Oma– y vecinos de este núcleo de casitas de veraneo situado en Platges de Muro, han iniciado movilizaciones contra la decisión de la Demarcación de Costas de no renovar la concesión para que estos locales puedan montar sus terrazas sobre la arena de la playa y ocuparlas con mesas y sillas. Este jueves han reactivado una recogida de firmas con la que buscan apoyo popular para pedir a Costas que reconsidere esta decisión. En pocas horas, los apoyos se habían doblado en la plataforma Change.org, superando las 3.000 firmas.
Mientras los mensajes de apoyo de vecinos, clientes y el Ajuntament de Muro, se multiplican, los propietarios de los tres locales de Capellans reiteraban que, si no pueden abrir las terrazas, «tendremos que despedir a más de la mitad de los empleados fijos, que son unos 60 entre los tres locales, y otros 30 que se suman en julio y agosto», apunta Carlos Ramis, dueño de La Ponderosa.
Los nervios están a flor de piel, a pocas semanas de Semana Santa, que es cuando se inicia la temporada. Así lo reconoce Francis Lora, segunda generación de la familia al frente del Olimpia Opa & Oma que su padre regentó durante 40 años. «No nos queda otra que abrir, pero con unas 10 o 12 mesas en el interior, no hay trabajo para la plantilla de 18 personas fijas que somos; llevo trabajando aquí desde los 18 años, no conozco otra cosa, y no entiendo por qué ahora nos deniegan las terrazas con las mismas condiciones que había cuando nos las autorizaron para el periodo 2017–2021, y permiten las hamacas y sombrillas».
Jaume Perelló, tercera generación de la familia al frente del popular Can Gavella, comparte el pesimismo. «En la terraza nos permitían 25 mesas. Con las 6 mesas que caben dentro, no podemos mantener a los 20 empleados fijos que tenemos, y el día 1 de mayo tenemos que contratarlos o despedirlo». Perelló lamenta que «el último deslinde que se propuso se tramitó durante ua década hasta que caducó sin entrar en vigor. No podemos esperar diez años a que los políticos resuelvan esta nueva línea».
La situación se conoce desde octubre, cuando Costas respondió a las miles de alegaciones que los vecinos de Capellans habían entregado contra el deslinde del dominio público que propone el Estado, y que afecta a 22 de las casitas de veraneo. Todos confiaban en que se autorizarían las terrazas hasta que se aprobara el deslinde definitivo, pero no ha sido así.