La demolición de los dos bloques de 12 apartamentos ilegales de Cala Llamp se encuentra en punto muerto. La causa es la imposibilidad del Ajuntament de Andratx de localizar a todos los propietarios de los inmuebles para que los técnicos municipales puedan proceder a la inspección de los mismos, requisito indispensable previo al derribo.
Según el alcalde Jaume Porsell (PP), «el técnico municipal fue a hacer la inspección pertinente y sólo encontró a uno de los propietarios a los que se había avisado». De esta manera, el funcionario del área de Urbanismo no pudo llevar a cabo las tareas de peritaje. Ante este contratiempo, Porsell asegura que se dará parte del mismo al juez que declaró ilegales los bloques de apartamentos y ordenó su demolición. «Él decidirá lo que se ha de hacer y nosotros siempre haremos caso a lo que nos diga», añade el alcalde.
La construcción de estos bloques de apartamentos en Cala Llamp fue posible gracias a la concesión de una licencia fechada el 29 de julio de 2005 bajo el mandato del exalcalde Eugenio Hidalgo, posteriormente condenado por corrupción urbanística.
Responsabilidad
Años más tarde, en septiembre de 2013, el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma hizo firme la sentencia que declaraba la ilegalidad de los apartamentos y dio al Consistorio un plazo de dos meses para acometer la demolición. Ante la negativa de la empresa promotora a pagar los 500.000 euros del derribo, el Ajuntament de Andratx se ha convertido en responsable subsidiario.