La Fiscalía y la Guardia Civil se decidieron a practicar el sábado por la mañana el registro del Ajuntament de Calvià por temor a que la filtración a un medio de comunicación de la existencia de una querella firmada por el grupo municipal del PSOE contra el exalcalde popular Carlos Delgado por la adjudicación del contrato para la gestión de la radio municipal pudiese provocar la destrucción de pruebas documentales.
Según fuentes cercanas equipo de gobierno popular, el auto judicial que autorizaba el registro de la sede consistorial justificaba la celeridad del mismo haciendo referencia a la mencionada filtración periodística y al consiguiente riesgo de una eventual destrucción de pruebas. En este sentido, estas mismas fuentes no descartan que el autor de la filtración fuese el propio partido socialista con el objetivo de precipitar las diligencias de la comisión judicial, haciéndolas coincidir con las segundas nupcias de Delgado y la reunión de la Junta Directiva Regional del PP celebrada durante la jornada sabatina, en la que el president José Ramón Bauzá estuvo arropado por el vicesecretario de Organización del partido, Carlos Floriano.
Desde el PSOE impera un mutismo total respecto al contenido y las circunstancias que han provocado la interposición de la querella. El portavoz socialista en el Ajuntament de Calvià, Alfonso Rodríguez, declinó ayer ningún tipo de declaración, ciñéndose únicamente a mostrar su «máximo respeto» por la labor de la Justicia. Aún así, este diario ha podido saber que el fondo de la causa sería haber beneficiado a Antonia Pastrana con un servicio que se hacía y producía desde el propio Ajuntament. También se sospecha que podrían haberse incumplido algunas condiciones referidas a la liquidación de la publicidad o a la contratación de personal.
Además de Delgado y Pastrana, en la denuncia del PSOE aparecerían María José Merino y el actual alcalde Manuel Onieva. En su caso, por dar continuidad al modelo de contratación. Apuntar que los socialistas calvianers intentaron no implicar a Onieva en el caso, pero sus asesores jurídicos obligaron a lo contrario.