El PP ha logrado aprobar en el Consejo de la Societat Municipal d'Aparcaments (SMAP) los nuevos términos y condiciones del servicio de BiciPalma, eliminando el requisito de estar empadronado en la capital para poder utilizar el préstamo público de bicicletas. Es decir, cualquier persona, tanto residentes en otros municipios de Mallorca como turistas, podrá utilizar BiciPalma.
La medida se ha aprobado con los votos del PP y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Més y Podemos. El documento plantea la entrada en vigor este mismo enero. Desde la dirección de la SMAP han justificado la apertura de BiciPalma en que Europa prohíbe hacer diferencias entre nacionalidades por considerarlo discriminatorio. Desde la izquierda respondían que residencia y nacionalidad no son términos equivalentes y que la EMT también hace diferencias para los residentes.
La pregunta evidente al abordar esta apertura era si se reconfigurarán las dimensiones actuales del servicio. El PP considera que con la plantilla actual de trabajadores se podrá atender el aumento de la demanda, y en la reunión de la SMAP no ha anunciado una ampliación de estaciones ni bicicletas (más allá de la que ya está prevista para la UIB). El representante de PSOE, Xisco Dalmau, argumentaba precisamente su voto de abstención en que están de acuerdo en abrirlo a no residentes pero sólo si va acompañado de una inversión acorde. El PSOE impulsó hace casi un año una moción que solicitaba estudiar la extensión del servicio a residentes de otros municipios de la Part Forana y, progresivamente, a visitantes.
El PP ya intentó aprobar esta medida en diciembre pero con un incremento de tarifas que encontró el rechazo frontal de todos los grupos. La dirección de la SMAP se vio obligada a retirarlo de la votación. En esta ocasión, las modificaciones sólo afectaban al requisito de empadronamiento y a otras novedades en el servicio, como la posibilidad de devolver bicicletas en estaciones ya completas y sin anclajes disponibles.
Por otra parte, en la reunión el PP ha reconocido que no puede llevar a cabo el aumento de precios de los aparcamientos municipales por falta de apoyo político.