El Ajuntament de Palma ha encargado un informe sobre el edificio de Gaspar Bennàssar en 31 de Desembre que ya cuenta con licencia de demolición. En concreto, Cort ha solicitado un informe técnico-jurídico y económico sobre la posible protección del inmueble, después de que ARCA revelara que es obra del reconocido arquitecto mallorquín. El informe explorará las eventuales consecuencias de una catalogación «sobrevenida» (como podría ser, por ejemplo, asumir por parte del Ajuntament una indemnización por daños y perjuicios a la promotora). Con todo, el regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, enfría las expectativas respecto a la posibilidad de impedir el derribo: «No se pueden cambiar las reglas del juego al minuto 15 del partido», ha expresado este martes, recordando que la licencia ya está concedida en base al planeamiento vigente, que no protege el inmueble: «La licencia es un acto reglado y el Ajuntament no puede no cumplir la ley».
Al respecto, Fidalgo ha desmentido categóricamente que el edificio quedara protegido con el Plan de Ordenación Detallada (POD) que decayó en 2023, un argumento que ha calificado de «falacia». Según el regidor, la protección ambiental que se recogía en el plan no suponía ningún obstáculo para la demolición de la fachada: «En ningún caso, ni con el POD vigente, se hubiera podido evitar».
En esa línea, el titular de Urbanisme ha recalcado que este inmueble «nunca ha estado catalogado» ni nadie lo había solicitado hasta ahora. Los técnicos municipales y arquitectos «de reconocida solvencia profesional» no consideraron que el edificio revista características singulares que merecieran su protección. De hecho,«hasta la semana pasada nadie sabía, ni en el seno de Urbanisme, ni siquiera la arqueóloga municipal, que el edificio estaba atribuido a Gaspar Bennàssar». Fue posteriormente que ARCA aportó unos documentos de 1932 que demostraban la autoría del arquitecto.
El regidor ha añadido que en la Comisión de Centro Histórico se avaló la demolición con la abstención de ARCA y el voto favorable del resto de representantes, que ahora piden su protección. Se consultó al promotor si era posible conservar «en la medida de lo posible» la fachada. La empresa «no tenía ninguna obligación legal» de atender esa petición y la desestimó, optando por una demolición total. A pesar de ello, Fidalgo ha asegurado que se ha dialogado con el promotor con «múltiples ofrecimientos» por parte del Ajuntament para que se conservara una parte, todo ello en vano.
En este contexto, el Ajuntament no dispone de «ninguna medida coercitiva» para detener la demolición una vez concedida la licencia. Según Fidalgo, con la solicitud de ARCA al Consell de Mallorca para catalogar el inmueble, el derribo sólo queda suspendido temporalmente, dando tiempo de maniobra para poder «instruir lo que sea oportuno» y «mediar todo lo posible» con la empresa. «Que no quede por parte del Ajuntament que no se ha intentado, por tierra, mar, y aire, encontrar vías de solución» ha insistido el concejal. Con todo, dejaba entrever que será muy complicado detener el derribo desde la administración insular: «S in ánimo de prejuzgar, veremos lo que dice el Consell».
Fidalgo ha apuntado asimismo que el archivo municipal de Palma conserva el proyecto y la memoria de este edificio y «sería perfectamente reproducible» en un futuro «en cualquier otra parte de la ciudad, o en el mismo sitio». En cualquier caso, los técnicos municipales insisten en que no presenta materiales o características singulares que aconsejen protegerlo.