La Policía Local de Palma ha recogido ha instruido 596 atestados y diligencias por violencia de género en lo que va de 2024, mientras que en todo el año pasado fueron 642. Es un dato que ha ofrecido este miércoles el jefe de la Policía Local, Guillem Mascaró, durante el XV aniversario del Curso de Autoprotección a Víctimas de Violencia de Género. Esta jornada, en el Teatre Mar i Terra, llega días después de la polémica por el anuncio de que la Policía Local dejaría de tramitar denuncias de violencia de género, y la posterior rectificación de Cort. De hecho, con la partida de asistencia que Seguretat Ciutadana iba a eliminar (y que ahora se amplía a 60.000 euros), el cuerpo prestó apoyo psicológico a 226 mujeres el año pasado, y a 220 en el presente.
Además, en 2023 la Policía Local atendió 434 demandas de auxilio (230 en 2024) y realizó la valoración policial de riesgo de 242 mujeres (287 este año). Se tutorizaron 741 víctimas (411 este año) y se recogieron 445 denuncias (395 en lo que va de año). En total, hubo 432 detenidos por violencia de género y doméstica (362 hasta la fecha).
En el acto han estado presentes el regidor de Seguretat Ciutadana, Miquel Busquets, y el coordinador del área, Jaume Pla. El magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Palma, Joaquín María Andrés, ha sido el encargado de impartir una conferencia sobre el presente y futuro de la atención al fenómeno de la violencia machista. El juez advirtió de que los quebrantamientos de órdenes de protección suponen un 40 % de los delitos que llevan estos juzgados especializados, y que el 60 % restante corresponde en su mayoría a coacciones, lesiones y amenazas. El magistrado incidió asimismo en que hay medidas, como la pulsera de geolocalización, que deben ir acompañadas de un incremento de dotación policial.
En declaraciones a los medios, Joaquín María Andrés aplaudió el papel de la Policía Local de Palma en la lucha contra la violencia de género, aunque evitó pronunciarse sobre la polémica en Cort. Por otro lado, llamó a reforzar la educación para evitar este tipo de delitos, con especial hincapié frente al uso de redes sociales y la pornografía. Igualmente avisó de que «el alto precio de la vivienda lleva a que muchas personas que rompen la relación se vean obligadas a mantener la convivencia».