La nueva normativa cívica también ha levantado las críticas del PSOE de Palma, que denuncia que «recaen todas las sanciones en el residente. Hasta ahora, se multaba al propietario del establecimiento o responsable de la actividad si sus clientes consumían alcohol o comida en la calle. Con la nueva ordenanza solo se sancionará al cliente. El equipo de gobierno es más laxo con los empresarios».
El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Ducrós, y la regidora Angélica Pastor han hecho un repaso del borrador de la nueva ordenanza cívica, que ahora mismo y hasta el 30 de mayo está en periodo de participación ciudadana. Y se mostraron muy críticos con las principales novedades de esta normativa. Ducrós advirtió de las similitudes entre la ordenanza que quiere aprobar el Ajuntament y la del gobierno de Mateu Isern (PP), «que fue anulada por los tribunales».
Otra cuestión que ha sido criticada por los socialistas ha sido la nueva obligación de «reparación y reposición de los bienes dañados en las fiestas de barrio organizadas por las asociaciones vecinales. Esto supone una agresión contra las entidades, mientras se reduce el número de policías en los barrios», señaló Pastor.
Pastor advirtió de las consecuencias de la aprobación de la normativa cívica: «Desaparece la sanción al consumo de alcohol en la vía pública contra los negocios y se les deja manga ancha para que los clientes salgan con las copas a la calle». También advierte que se eliminan las limitaciones de espacio de consumo como en la calle del Jamón, en el Arenal. «Se dejará que se expanda el consumo de alcohol en la vía pública. También se elimina la prohibición de la publicidad dinámica, con tiqueteros que incitaban al consumo de alcohol».
Por otro lado, los socialistas han denunciado que a estas alturas de la temporada turística, el Ajuntament de Palma no ha convocado las Zonas de Especial Interés Turístico (ZEIT), que afectan a Platja de Palma, ni las Zonas de Especial Intervención (ZEI), que se centran en barrios como Santa Catalina, Son Armadams o Gomila. «Habrá un repunte del botellón porque no tenemos ninguna herramienta para sancionarlo. Por eso se hizo la zonificación, para actuar con contundencia contra los excesos en las zonas turísticas y en los barrios».
Ducrós exigió al alcalde de Palma que aclare «cual es el calendario de la aprobación de la normativa porque hay temas que afectarán a la temporada turística. El PP avala un modelo muy concreto de ciudad y no se perseguirá a según quien. ¿De qué lado se pone el alcalde? Tampoco se sabe nada del plan de inspección de actividades ni se llevan actuaciones conjuntas con la Policía Nacional, por lo que ya han vuelto los carteristas, los trileros y la venta ambulante de alcohol a Platja de Palma. Ni siquiera se aplica la normativa actual».
Caravanas
En cuanto a las caravanas, Pastor advirtió que «se sancionará a quien pernocte, coma o beba dentro de este vehículo pero no dan ninguna alternativa a vivir con dignidad. También se multará a las personas que vivan en los coches. Sinn embargo, no ponen en marcha la limitación del precio de la vivienda. No se aplica la ley a nivel estatal [que apuesta por poner un tope a los precios inmobiliarios] porque está bloqueada por este gobierno municipal».
Ducrós, por su parte, señaló que «la primera medida que toma el Ajuntament de Palma sobre vivienda es multar a las personas que no tienen casa. El alcalde Jaime Martínez ignora el acuerdo de pleno que se aprobó el año pasado en que debían abordarse políticas para ofrecer alternativas a las autocaravanas. Y lo que propone es multar, lo que ahoga a la gente y la deja sin alternativa».