El próximo sábado, 11 de mayo, se ha convocado un concentración de 10 a 12 de la mañana en la plaza de Cort, en contra de la nueva normativa cívica del Ajuntament de Palma que multará a aquellas autocaravanas que se utilicen con fines residenciales y permanezcan más de diez días en el mismo sitio. Javier, uno de los organizadores de esta movilización, señala que «con la nueva normativa cívica se está persiguiendo a un colectivo de personas que no encuentra vivienda. No somos cuatro locos».
Las alarmas se han disparado entre los residentes en caravanas estacionadas en Son Hugo, Son Güells y otros puntos de la ciudad donde se han concentrado estos vehículos. «Hemos presentado alegaciones a la nueva normativa cívica, cuyo plazo se cierra el día 15, pero no hemos recibido respuesta del Ajuntament de Palma».
Bajo el lema ‘no nos prohibirán dormir en camper', los manifestantes señalan que «mi caravana es más que un vehículo: es mi hogar. Y limitar mi derecho a vivir en ella es negarme mi dignidad».
Por su parte, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ayer, en declaraciones a La Ser Mallorca, fue muy tajante al señalar que «en Palma no se puede vivir en una autocaravana porque es indigno, del mismo modo que el año pasado dijimos que no se podían vivir en contenedores. Estamos abordando el problema de raíz».
Martínez defendió la puesta en marcha de la normativa cívica, que pone el acento en las autocaravanas, una solución habitacional para muchos de los que residen en ellas. «Claro que hay un problema muy grave en vivienda porque llevamos muchos años sin políticas de vivienda. Han venido a vivir más de 100.000 personas a las Islas y solo se ha desclasificado suelo y se han restringido según qué zonas. Por eso hemos llegado a un punto crítico».
Como solución al problema habitacional, Martínez enumeró las medidas que se están llevando a cabo por parte del Consistorio palmesano y el Govern balear, gobernados por el PP: «Hay un decreto ley de vivienda aprobado, hay políticas municipales de vivienda que se van a poner en marcha y yo voy a poner también en macha una serie de incentivos, bonificaciones y ayudas para ver si esas viviendas vacías se ponen en el mercado. Si no hay políticas de vivienda, no hay oferta y entonces no hay solución habitacional».
Afectado
Álvaro Ortega, de 34 años, es una de los afectados por el problema habitacional de la Isla. Desde hace siete meses está viviendo en una autocaravana que le ha costado 60.000 euros: «Me divorcié en temporada alta y no pude encontrar nada, la autocaravana fue mi única opción para quedarme en Mallorca». Natural de Murcia, ha visto como «desde hace unos meses están restringiendo cada vez más. La nueva ordenanza a lo mejor me obliga a volver a la Península».
Asegura que él cumple las normas: «Me muevo cada 48 horas, tiro las aguas donde toca, no aparco en primera línea de mar, pago mis impuestos. No entiendo porque no me dejan vivir así». Desde su punto de vista «si un Ayuntamiento como el de Palma endurece la normativa, los demás irán detrás» y pone de buen ejemplo Menorca, donde el espacio es más reducido pero hay más sitios habilitados para estos vehículos.
Admite que el colectivo de las autocaravanas, caravanas y camper «está muy dividido», pero que muchos como él solo piden más áreas de servicio y vaciado, más control contra el incivismo y «que nos dejen estacionar donde no molestemos a nadie».