El Ajuntament de Palma llevará al pleno de la próxima semana un reconocimiento de deuda de 95.655 euros con CI Postal, empresa encargada de repartir las notificaciones municipales, que tiene extrabajadores que están siendo investigados por no entregar las multas y que es responsable de las miles de cartas que aparecieron tiradas hace una semana en varias ubicaciones del municipio.
El punto se trató en la comisión de economía y provocó la reacción airada de los grupos de la oposición, que afearon al Pacte «las prisas» por hacer un pago extraordinario a una empresa que está inmersa en un procedimiento judicial, a la que el Consistorio ha abierto un expediente por no cumplir los plazos de entrega y que ha generado un aluvión de quejas ciudadanas.
Tanto PP, como Ciudadanos y Vox criticaron que el Ajuntament haya seguido tramitando las sanciones «a pesar de que las irregularidades se conocen desde hace meses». Asimismo, recordaron se ha creado una plataforma ciudadana para denunciar a Cort ya que la multas que no fueron notificadas en tiempo y forma han llegado con recargo «provocando una indefensión absoluta a los afectados y una vulneración de sus derechos».
La polémica volvió a salir en posteriores comisiones en las que acusaron al equipo de gobierno de «no controlar» a la empresa CI Postal y de «afán recaudatorio» al negarse a condonar las sanciones afectadas «a pesar de que son conscientes de que se está causando perjuicios a los ciudadanos».
En este sentido recordaron que el contrato acababa el pasado mes de septiembre y que el Consistorio ha tenido que prorrogarlo, a la misma empresa, seis meses más por no tener preparado el nuevo pliego de condiciones y «para evitar el colapso en el servicio». En este sentido preguntaron por qué el Consistorio «sigue trabajando con esta empresa», pidieron saber el estado de la redacción del nuevo pliego de condiciones y cuándo estará terminado. Aseguraron que el Ajuntament «es responsable civil subsidiario» de todas las irregularidades producidas.
Los partidos de la oposición criticaron , además, que el alcalde de Palma, José Hila, asegurara que Cort «también es un perjudicado de la polémica», ya que, a su entender, «en el momento en que se prorroga el servicio y se siguen cobrando los recargos que se sabe que son injustos y se aprueba el reconocimiento de deuda extraordinario ya no son víctimas sino copartícipes».