El Ajuntament de Palma, a través del entonces regidor de Participació Ciutadana, Alberto Jarabo, prorrogó el acuerdo para que CI Postal, empresa responsable de las notificaciones de multas, siga repartiendo parte de las comunicaciones municipales durante seis meses más, hasta marzo del 2023, ya que la concesión acababa en septiembre y Cort, en esa fecha, no tenía preparado el nuevo pliego de condiciones para cambiar de compañía de reparto. Se da la circunstancia de que la semana pasada se hallaron miles de facturas tiradas (entre las que no había ninguna multa del Ajuntament) en varias ubicaciones del municipio y que debían ser repartidas por CI Postal.
Desde que se tuvo conocimiento de que varios empleados de la empresa notificadora habían falsificado el acuse de recibo de multas, y que éstas habían llegado a los ciudadanos con recargo, Cort denunció el hecho a la Policía y abrió un expediente a la compañía argumentando incumplimiento de contrato. En los meses posteriores Jarabo ya apuntó a la posibilidad de no renovar el acuerdo y cambiar de empresa. Sin embargo, para evitar interrumpir las entregas, prorrogaron su servicio mientras se ponía en marcha el nuevo pliego. Según argumentó el regidor, el servicio de entrega de notificaciones es esencial «y no se puede interrumpir para no crear un caos» por lo que se decidió continuar con el acuerdo vigilando, especialmente, que CI Postal cumpliera los plazos de entrega estipulados.
La empresa concesionaria, aseguró el responsable municipal, reforzó su plantilla y aumentó el número de vehículos para cumplir los plazos de entre tres y cinco días marcados, pero en ningún momento se ajustó a ellos. Este fue el principal argumento para no renovar el acuerdo, a pesar de la prorroga, y para imponerles una sanción cuyo importe aún están calculando desde Cort.
Hila
Por su parte, el alcalde de Palma, José Hila, aseguró que el Consistorio «no puede perdonar» las sanciones mal notificadas porque es ilegal echarlas para atrás una vez abierta la tramitación, pero que, en caso de que se demuestre que no se ha seguido el procedimiento, los afectados podrán pagarlas sin recargo. A principios de año se procedió a la detención de cuatro personas de CI Postal por no notificar las multas del Ajuntament de Palma. Tras la publicación la semana pasada del hallazgo de miles de recibos de empresas eléctricas que debían ser repartidos por una subcontrata de CI Postal, la Policía Nacional ha iniciado una investigación y hasta el momento no ha encontrado ninguna notificación del Ajuntament.
Hila recordó que el Ajuntament «es también parte perjudicada» y que acudió a la Policía a denunciar cuando detectó las irregularidades en las entregas de multas. Fuentes del Consistorio señalaron que se ha abierto un expediente a la empresa repartidora y está a punto de finalizar una nueva licitación para cambiar de compañía de reparto. Desde el Ajuntament insisten en que desde las detenciones no se han producido más alteraciones en el reparto de multas.
En relación a los problemas que han tenido ciudadanos al no recibir en tiempo y forma sus multas, hecho que ha provocado que las sanciones llegarán con recargo y que, al menos, 300 afectados se hayan organizado en una plataforma, el alcalde ha querido garantizar la equidad de la tramitación y aseguró que Cort está estudiando «caso por caso». Y en las sanciones en las que se detecta una notificación irregular «se está anulando el recargo». Hila respondió al PP, que pidió que se invalidaran todas las sanciones mal notificadas, y destacó que «legalmente» no se puede. «Los afectados tienen formas para reclamar y, si se demuestra que han sido perjudicados, quitamos el recargo», destacó.
PP-P$Ø€ són iguals de xapucers i xanxulleros . Ja veieu.