Un juez de Barcelona ha amnistiado a los 46 agentes de la Policía Nacional a los que investigaba por las cargas del 1-O en la capital catalana, al considerar que los delitos que se les atribuían encajan en la ley del perdón y que su actuación no superó el «umbral de gravedad» para quedar excluida.
Así lo ha acordado el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que declara amnistiados a los 46 agentes, a los que se atribuían delitos de lesiones y contra la integridad moral. El juez sostiene que se les debe aplicar la amnistía porque las actuaciones investigadas «fueron de escasa duración individual, enmarcadas en un objetivo policial definido y que no continuaron una vez conseguido el mismo». Las últimas novedades judiciales han provocado ciertas reacciones políticas.
Por otra parte, el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello (Sumar), ve una «auténtica vergüenza» la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont y ha advertido de que los jueces tienen que hacerlo «porque lo contrario es prevaricar». Pisarello, portavoz también de los comunes, ha insistido en que los jueces «son la boca muda de la ley» y lo que ha hecho el magistrado Pablo Llarena «es un retorcimiento absoluto de la interpretación de la ley».
No la quieren aplicar, ha dicho, «y se inventan una teoría como esta de la malversación por ahorro, una cosa que no se había oído nunca». Si los jueces tienen dudas sobre cómo hacer efectiva la norma «que planteen cuestiones de inconstitucionalidad y si quieren hacer política que se presenten a las elecciones», ha subrayado Pisarello para calificar de «inaceptable» la resolución de Llarena. Pisarello cree que seguramente se presentarán recursos de amparo y confía en que el Tribunal Constitucional «corrija esta desmesura» .
En este sentido y de manera preventiva, ha avisado al PP que no se le ocurra luego decir que el Constitucional «es el cáncer de la democracia» porque no tiene mayoría en el alto tribunal. Sobre las consecuencias que esta decisión pueda tener en las negociaciones para la investidura de Salvador Illa en Cataluña y también en la legislatura, el dirigente de Sumar ha explicado que esto continúa introduciendo «una anomalía en la política española que tiene repercusiones en la política catalana» al no reconocer la soberanía popular. Ésta, ha añadido, se expresa en el Parlamento elaborando leyes y cuando estas leyes «tienen el apoyo mayoritario tienen que aplicarse» y en el caso de que los jueces no estén de acuerdo -ha repetido- deberán plantear una cuestión de inconstitucionalidad.