El Gobierno ha salido este miércoles en defensa de la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, calificando de «falsa» la denuncia presentada contra ella por el sindicato Manos Limpias y que ha llevado al PP a pedir a Pedro Sánchez que dé la cara y ofrezca explicaciones. Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra Gómez por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia de Manos Limpias.
La denuncia se fundamenta en una serie de noticias de prensa y considera que, prevaliéndose de su condición, la esposa del presidente del Gobierno habría recomendado o avalado con su firma a empresarios que se presentan a licitaciones públicas. Esta denuncia se ha conocido en una jornada en la que había sesión de control al Ejecutivo en el pleno del Congreso, lo que ha provocado una sucesión de declaraciones.
La primera de ellas la del propio Sánchez, aunque no en su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, ya que el líder del PP no se ha referido a este asunto en su intervención. Lo ha hecho en contestación a una pregunta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en la que le había pedido que respondiera si creía en la Justicia, pero refiriéndose a asuntos como la denominada Operación Cataluña o el caso de espionaje Pegasus. «En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo sigo creyendo en la Justicia de mi país», ha contestado Sánchez en alusión a la denuncia contra su esposa pero sin mencionarla explícitamente.
En dos ocasiones ha repetido esa frase el presidente del Gobierno, con semblante muy serio, haciendo hincapié en que creía también en la autonomía, independencia y separación de los poderes del Estado y mientras Rufián aseguraba entenderle porque veía que estaba «sintiendo en sus carnes la guerra sucia». Sánchez ha abandonado después el hemiciclo y varios ministros han hecho declaraciones en defensa de su esposa, calificando la denuncia de falsa y alertando del peligro de traspasar líneas rojas en política, mientras que el PP reclamaba explicaciones al presidente.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha advertido de que el Ejecutivo no permitirá que actitudes «trumpistas» como esa denuncia «falsa» socaven la democracia. Se ha dirigido directamente al PP para acusarle de usar una denuncia de una «organización ultraderechista» como Manos Limpias para difamar e injuriar a la Presidencia del Gobierno. «Estamos ante el peor PP de la historia y evidentemente el señor Feijóo se confunde con las prácticas y los discursos de la derecha y la ultraderecha», ha subrayado. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha repetido que se trata de «una denuncia falsa más», y el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha lamentado que con ella se haya traspasado «una línea absolutamente roja» para intentar manchar a alguien que es «intachable».
Campaña de acoso
Albares ha denunciado asimismo una «campaña de acoso» contra la esposa del presidente que ha dicho que tiene «nombres y apellidos» y ha mostrado su «absoluta indignación» porque cree que las familias deberían quedar fuera del juego político. También el portavoz del grupo socialista, Patxi López, ha usado el mismo calificativo para la denuncia y se ha confesado «un poco harto de esa estrategia por la que uno en un país debe demostrar la inocencia» tras lanzarse acusaciones sin pruebas.
Admiten fuentes del Gobierno y del PSOE que Sánchez está dolido y disgustado por esta situación, como señalan que se ha podido comprobar en su semblante. Resaltan que la denuncia se haya sabido un día después de conocerse que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propusiera a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros por dos delitos fiscales para evitar ir a juicio.
Ante la posibilidad de que se emprendan acciones judiciales por parte del Ejecutivo, apuntan que eso correspondería en todo caso a la persona denunciada, pero muestran su convencimiento de que la denuncia quedará en nada. Por parte de Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy ha advertido del daño que se hace a la democracia cuando se la somete «a este lodazal constante, sin límites de ningún tipo» con noticias falsas, difamaciones o denuncias que acaban en nada, como cree que sucederá con la de Begoña Gómez.
Pese a ello, el PP quiere explicaciones ya por parte de Sánchez, y por boca de su vicesecretaria Ester Muñoz le ha exigido que «dé la cara» porque es «urgente, imperativo y necesario» tras una apertura de diligencias que considera «muy preocupante». El PP no ha anunciado por ahora acciones contra el jefe del Ejecutivo ni contra su mujer, aunque mantiene abierta la puerta a citarles en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Al plantearle si su partido cree que ha existido tráfico de influencias, Muñoz se ha remitido al juez para que determine si ha habido o no delito. Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado que si un juzgado de Madrid ha abierto diligencias es «porque ha visto indicios», y se ha mostrado segura de que el PSOE «está inmerso en un gravísimo caso de corrupción».