La Ley de Memoria Democrática entrará en vigor el próximo viernes, una vez que mañana sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), quince días después de su aprobación definitiva por parte del Senado, han anunciado fuentes gubernamentales. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya avanzó que la nueva norma entraría en vigor esta semana, y lo hará, según las mismas fuentes, para cumplir con el deber de «verdad, justicia, reparación y no repetición, tal y como establece Naciones Unidas». De esta manera, el Gobierno destaca que la ley «salda una deuda con las víctimas y equipara nuestro país con las democracias más avanzadas que han sufrido dictaduras» y remarca: «La memoria es democracia».
Su entrada en vigor el viernes 21 de octubre, según señaló Bolaños el viernes pasado, supondrá «un cambio muy sustancial en nuestra democracia» y permitirá adoptar medidas que pondrán de manifiesto que las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura «son lo primero». Insiste el Ejecutivo en que esta nueva regulación, que da el relevo a la Ley de Memoria Histórica de 2007, refuerza el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.
Una de las novedades más inmediatas será el cambio de denominación del Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros, y de cuya basílica serán exhumados los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, de acuerdo con los deseos de sus familiares, para su traslado a otro recinto religioso. Ayer mismo, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, aseguró que el Gobierno ha quintuplicado el presupuesto para abordar las labores de exhumación de víctimas de las fosas comunes hasta llegar a los 6,3 millones de euros al amparo de la nueva normativa. Martínez subrayó ante la Comisión de Presupuestos del Congreso que los casi 14 millones de euros previstos para la Secretaría de Estado suponen la mayor cuantía de la historia dedicada a proteger y preservar la memoria de las víctimas «de todas las partes» de la Guerra Civil y la Dictadura.