El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha planteado a las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se ha celebrado en Extremadura por videollamada, que las que quieran realizar test de Covid-19 en las farmacias, como así lo ha pedido la Comunidad de Madrid, le presenten un plan detallado.
Este plan, deberá incluir aspectos relativos al personal, medios, equipos de protección individual, registros e instalaciones en las oficinas de farmacia para que puedan realizar adecuadamente los test de detección del coronavirus.
Por tanto, el ministro no se ha negado a que estas pruebas se puedan realizar en las farmacias, si bien ha avisado de que se trata de un debate técnico en el que hay reservas de tipo jurídico y de colectivos profesionales.
La realización de test de antígenos en farmacias ha sido reclamada tanto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid como por el Govern catalán, que han defendido la profesionalidad del personal farmacéutico para su realización a pesar de las reticencias por parte de colectivos como el de la Enfermería o expertos en Salud Pública.
El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, anunció el pasado lunes la intención de plantear al titular de Sanidad, Salvador Illa, una reunión del Grupo Covid-19 para abordar esta posibilidad, algo a lo que el ministro de mostró abierto aunque sin fijar fecha para ello.
Este grupo nació como órgano de coordinación entre el Gobierno central y el autonímico para abordar semanalmente las medidas a adoptar para abordar la segunda ola del Covid-19. En la reunión celebrada el 27 de octubre, se acordó que los encuentros pasaran a tener un carácter más técnico, aunque con la posibilidad de retomar las citas «cuando la situación epidemiológica lo requiera».
El Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha insistido en muchas ocasiones en la petición para que los test de antígenos se puedan hacer en las farmacias de la Comunidad de Madid, que cuenta con una red de más de 2.800 locales de este tipo, y ha defendido que sus «profesionales están capacitados, garantizan la seguridad e higiene y los resultados se pueden comunicar al Sistema Sanitario de Madrid».
En este marco, el gobierno regional ha apuntado a las pruebas masivas y el diagnóstico rápido como factores clave en el manejo de esta segunda ola respecto a la incidencia del Covid-19 en la Comunidad de Madrid, donde se han llevado a cabo más de 3 millones de pruebas desde que comenzó esta pandemia, con una media de 190.000 semanales.
El objetivo de esta iniciativa, según explicó este martes el vicepresidente Aguado, es que antes de las Navidades todos los madrileños puedan realizarse un test de antígenos gratuito para ir a ver a sus familiares.
Un planteamiento cuya viabilidad ha sido cuestionada desde el propio gobierno regional. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha admitido la complejidad de realizar estas pruebas a 6,5 millones de madrileños.
El Gobierno regional, que ha realizado una cuantiosa inversión en la adquisición de este tipo de test, ha llevado a cabo varias iniciativas tanto a nivel europeo como nacional para obtener autorización a esta forma de testeo. Así, la propia Ayuso lo solicitó por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mientras que a pricipios de mes la directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria, Elena Mantilla, remitió otra misiva con esta petición a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), órgano dependiente del Ministerio de Sanidad.
Entre otros argumentos, el Ejecutivo madrileño ha recordado que las pruebas de coronavirus en farmacias ya se utilizan en países europeos como Francia, Portugal y el Reino Unido, así como en otros sistemas sanitarios consolidados, como Estados Unidos, Australia o Canadá.
Además, defiende que los farmacéuticos son profesionales implicados en la educación para la salud y capacitados para la realización de pruebas analíticas, y se especifican algunos ejemplos como las pruebas de detección de glucosa, colesterol, triglicéridos, VIH o embarazo.
La petición de la Comunidad de Madrid se une a la Generalitat catalana. La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, anunció el lunes 16 de noviembre que el Govern está trabajando con la red de farmacias catalana para que puedan realizar también los test de antígenos de diagnóstico de coronavirus y ha anticipado la elaboración de un documento marco que recoja las condiciones a cumplir para garantizar la seguridad.
No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido de los inconvenientes que puede producir realizar test de antígenos de COVID-19 en las farmacias.
«Estos test requieren de una muestra que, para garantizar su calidad, no las puede hacer cualquiera», señaló Simón, que indicó que su realización implica «problemas», por ejemplo, de cuestiones competenciales a la hora de toma de muestras y lectura del resultado, junto a la cuestión de quién podría acudir o no a la farmacia para realizarse el test.
Los test de antígenos, aunque menos precisos, ofrecen la ventaja de tener un resultado de diagnóstico más rápido respecto a otras pruebas diagnósticas como las PCR, con una mayor fiabilidad (superior al 90 por ciento), o los test serológicos, que aunque rápido no detectan el virus sino la presencia de anticuerpos.
La Xunta de Galicia puso en marcha un proyecto pionero el pasado mes de octubre para realizar en farmacias de cinco municipios ourensanos con restricciones por el covid-19 (Ourense, Barbadás, O Carballiño, Verín y O Barco) tests rápidos de antígenos a la población de manera voluntaria. En caso de resultado positivo, la persona sería citada para hacer una prueba PCR.