El anterior equipo político del Ministerio del Interior niega que ningún cargo del Gobierno diera «mandato alguno» a algún funcionario de la Policía para obtener datos de Podemos, sino que su actuación -de la que estaba informada la Fiscalía, añade- se guió por los cauces de la policía judicial.
Fuentes del anterior equipo del Ministerio del Interior desmienten a Efe que la Policía judicial actuase «siguiendo instrucciones o mandatos de ninguna autoridad política», tal y como sostiene la información publicado por el medio digital moncloa.com con el titular «Los policías del espionaje a Podemos: Tengo un mandato del ministro y del presidente».
Así se desprende de los audios adelantados este miércoles por moncloa.com de una reunión mantenida en el consulado de España en Nueva York por Fuentes Gago y otros dos policías con Rafael Isea, quien llegó a ser ministro de Finanzas en el Gobierno de Hugo Chávez. El encuentro se celebró en una fecha posterior a las elecciones de diciembre de 2015 cuando ya se había publicado el informe PISA sobre la supuesta financiación de Podemos desde Venezuela e Irán.
En dicha reunión Isea firmó una declaración para avalar la validez de un documento sobre la financiación de Venezuela a la Fundación CEPS, de la que nació Podemos, por importe de 7,1 millones de euros.
«Ningún cargo público del Gobierno dio mandato alguno a los funcionarios de policía judicial intervinientes ni interfirió en su actuación, que se desarrolló íntegramente por los cauces ordinarios de la policía judicial y con escrupulosa sujeción a la normativa reguladora de la misma», destacan a Efe fuentes de la anterior cúpula de Interior.
Sobre la declaración de Isea, las fuentes aseguran que se realizó «de forma voluntaria», «en presencia de su abogado» y a iniciativa del declarante, que en esa fecha tenía la condición de testigo protegido de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos.
En dicha reunión participaron funcionarios de la Comisaría General de Policía Judicial, adscritos a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción con «conocimiento previo de la Fiscalía». El resultado del encuentro quedó recogido en un acta en el que están identificados tanto el declarante como los funcionarios con sus respectivos números de carné profesional.
«La Fiscalía estaba informaba con carácter previo a la toma de declaración y fue informada después del contenido de la misma, pues se le entregó el acta por parte de los funcionarios de Policía Judicial», añaden las fuentes que subrayan que las afirmaciones que pudieran realizar los policías presentes en la declaración se realizaron «en el contexto del trabajo policial y sin responder, en ningún caso, a instrucciones o mandatos de ninguna autoridad política».