El Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid ha acordado suspender el juicio por la destrucción de los ordenadores que el extesorero del PP Luis Bárcenas usaba en la sede del partido en Madrid y que debía celebrarse a partir del próximo 9 de abril a instancias del Partido Popular, cuya representación había solicitado un aplazamiento, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.
El órgano unipersonal que juzgará este caso había señalado cinco días entre el 9 y el 15 de abril para el desarrollo de la vista por la que serán enjuiciados la extesorera del PP Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno, el abogado del partido Alberto Durán y la propia formación, sin embargo, la convocatoria ha quedado suspendida y la nueva fecha, previsible para los meses de mayo o junio, aún no se ha decidido.
Esto habría supuesto que, cumpliendo los plazos, el juicio coincidiese con la campaña electoral, que arranca el día 11 del mismo mes. Además, el día 10 estaba previsto que compareciesen como testigos en el Juzgado el propio Bárcenas y la secretaria general del PP cuando ocurrieron los hechos, María Dolores de Cospedal.
Sin embargo, fuentes de la defensa de los procesados descartan en declaraciones a Europa Press que la petición de aplazamiento tenga que ver con la campaña electoral, ya que lo alegado es que algunos de los letrados lo son asimismo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que se celebra estos días en la Audiencia Nacional, y los señalamientos coincidirían.
Se da la circunstancia de que en este caso sólo solicita condena la acusación popular ejercida conjuntamente por IU, Adade y el Observatori DESC, ya que la Fiscalía no ha presentado cargos y solicita la absolución de todos los procesados al entender que no existen «indicios relativos a ciertos extremos esenciales» y que la única versión sobre estos hechos es la del propio Bárcenas y resulta «inverosímil y contradictorial».
Para Izquierda Unida, la suspensión «no es más que el penúltimo y escandaloso capítulo forzado por la labor de zapa de algunas defensas de los procesados», que «desde su inicio han tratado de entorpecer este procedimiento evidenciando una absoluta falta de colaboración con la justicia».
«Denunciamos que 'casualmente' todo esto ocurre en un juicio en el que por primera vez en la historia de nuestro país se iba a sentar a un partido -el PP que ahora lidera Casado- como persona jurídica en el banquillo de los acusados, lo que para algunos parece casar mal con las campañas electorales», señalan desde el equipo jurídico de IU en un comunicado.
Advierten de que con actuaciones de este tipo se vulnera el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, ya que la causa lleva abierta casi seis años aunque para investigar los hechos en fase de instrucción no se necesitó más de uno, porque «el resto del tiempo se ha consumido en dilaciones procesales impulsadas con descaro por las defensas del PP y la entonces Fiscalía también controlada por el Gobierno de PP».
La vista oral se demorará más allá de un año respecto de que la juez instructora de Madrid Rosa María Freire enviase a juicio la causa tras encontrar claros indicios de que los documentos almacenados en aquellos ordenadores fueron eliminados «a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física».
Por ello, procesó a Navarro, Moreno y Durán por un delito de encubrimiento y de daños informáticos y al PP, como persona jurídica, sólo por el segundo de ellos, algo que fue confirmado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid.