Los siete detenidos en el minucioso operativo que desveló en Palma a varios inquilinos amenazados de muerte y exprimidos económicamente hasta la extenuación, han quedado en libertad. Así lo determinó el juez después de escuchar las declaraciones de todos en las últimas horas; la gran mayoría miembros de un conocido clan familiar que se ha visto implicado en ilícitos inmobiliarios y de tráfico de drogas desde al menos 2015.
La decisión llegó tras un dilatado esfuerzo de los agentes de Policía Nacional en Baleares por recopilar los datos necesarios para conformar el proceso de instrucción. Los arrestados, asistidos por el abogado Tomeu Salas, declararon sobre los cargos de los que se le acusa ante el juez y éste decidió dejarles en libertad a pesar de la acusación de varios delitos: coacciones, amenazas, pertenencia a grupo criminal y extorsión.
Asimismo, tampoco se ha dictado ningún tipo de medida cautelar; ya que la familia acusada de estos delitos, un conocido clan del Coll d'en Rabassa, reside en la zona y tiene arraigo en la Isla. Tampoco se ha concedido ninguna orden de alejamiento a las víctimas; a pesar de que en la documentación del caso, recibieran un acoso continuo por parte de los detenidos.
Además de los detenidos, Policía Nacional investiga a otras tres personas más sobre las que faltan pruebas para demostrar su total implicación en la trama. En total se trata de diez miembros de un mismo clan familiar y amigos íntimos de ese círculo.
Los acusados cuentan con varias viviendas en dos edificios del Coll d'en Rabassa y se convirtieron en el mayor combustible para el entramado criminal; ya que se las alquilaban a otras personas y cuando no conseguían los pagos que perseguían los amenazaban de muerte hasta que se iban. Luego, realquilaban la casa de nuevo.
Una familia perfectamente organizada
Los dos miembros más mayores del clan tomaron la iniciativa del 'negocio' y tomaban las decisiones del grupo criminal. También sus hijos, los siguientes en la jerarquía, que se encargaban de dar la orden a los 'matones' que amenazaban a las familias cuando se producía un impago, retraso o la simple no-aceptación de sus condiciones abusivas.
Otra persona, con funciones de intermediario, captaba a los inquilinos, mayoritariamente de origen latinoamericano. En un primer momento les presentaba un contrato falso y gestionaba los pagos. Además era el primero en iniciar el hostigamento, las coacciones y amenazas.
Unas actuaciones agresivas y de acoso que los sujetos llevaban a cabo con un vehículo de alta gama, propiedad de uno de ellos, un Porsche Panamera. Para elegir a sus víctimas, captaban los perfiles entre personas latinoamericanas en una situación de gran precariedad o vulnerabilidad.
En la parte inferior de la escalera jerárquica, los 'matones'; aquellos que hostigaban continuamente a los inquilinos para conseguir que pagaran, hijos de otras figuras del entramado. De hecho, en algunos casos, hasta obligaron a trabajar en la obra a uno de los afectados que no pudo pagar la subida aleatoria que le plantearon.
La Policía Nacional continúa con su labor de investigación y protección; aunque, por el momento, los siete detenidos por este impresionante operativo, se encuentran en libertad.
Vaya mier-- de justicia. Esto acabara muy mal, si los jueces no se lo toman más en serio.