El Parlament, con los votos en contra del PP y de Vox, ha rechazado una moción defendida por el grupo socialista para instar al Govern a incrementar el canon del agua a los grandes consumidores y condicionar el crecimiento urbanístico a la capacidad de garantizar el suministro de agua potable.
El pleno de este martes ha debatido la iniciativa del PSIB -defendida por la diputada Carol Marqués- relativa a la política en materia de agua, que no obstante ha propiciado el consenso de los grupos en varios de sus puntos.
Dos de los puntos de más relevancia, en cualquier caso, han decaído con los votos en contra de los 'populares' y de los de Santiago Abascal, como son el incremento del canon de agua a los grandes consumidores en un plazo máximo de dos meses y que los proyectos de crecimiento urbanístico requieran de un informe que acredite que se cuenta con suficiente capacidad hídrica para garantizar el suministro de agua.
Tampoco ha salido adelante -con los mismos votos- la petición al Govern de poner en marcha un programa para detectar todos los pozos ilegales en Baleares para después clausurarlos o destinar la totalidad de lo recaudado por el impuesto del canon del agua a la depuración y regeneración de agua.
La propuesta para condicionar el inicio de cualquier crecimiento urbanístico previsto en los planeamientos municipales mediante un cambio en la normativa que hace referencia a las garantías de suministro de agua y la capacidad de depuración tampoco ha salido adelante pese a la abstención de Vox.
Sí que ha recibido el visto bueno de la Cámara, por unanimidad, pedir al Ejecutivo autonómico que interconectar las redes de abastecimiento de agua para hacerla llegar a los municipios que han sufrido restricciones de suministro o tengan sus acuíferos en mal estado y que se permita el reposo de los pozos de los que se extrae el agua reduciendo el uso de los acuíferos en un 80 por ciento.
Las posturas de los grupos
Marqués, en su defensa de la moción, ha sostenido que las medidas propuestas no son «caprichos», sino asuntos necesarios para proteger recursos tan limitados en el archipiélago como es el agua dulce.
«Tiene que ser una prioridad garantizar la recuperación y la mejora de nuestros acuíferos», ha subrayado la socialista, quien ha alertado de que a mes de mayo --antes de arrancar la temporada alta-- ya hay tres municipios que han tenido que implementar restricciones de agua.
Aunque el diputado del PP Sebastià Mesquida ha reconocido que su grupo ve con buenos ojos algunos de los puntos de la moción y ha presentado diversas enmiendas con la intención de mejorarlos, ha recriminado a la izquierda que emplee «discursos apocalípticos».
Es por ello que les ha instado a dejar de lado esta actitud y poner sobre la mesa soluciones que permitan mejorar las infraestrcuturas hídricas de Baleares.
La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, por su parte, ha subrayado la necesidad de que, más allá de apelar a la responsabilidad individual, se requiere «un cambio de modelo y una responsabilidad estructural» ante los problemas de falta de agua.
Una de las medidas que ha propuesto ha sido el decrecimiento en el volumen de la llegada de turistas, quienes --según sus datos-- son responsables de cerca del 50 por ciento del consumo de agua en el archipiélago.
Éstos, ha apuntado, gastan entre 300 y 800 litros de agua diarias --dependiendo de la categoría del establecimiento turístico--, mientras que los residentes gastan unos 120 litros diarios. A ello se le sumaría los cerca de 3.000 metros cúbicos de agua dulce que recargaron cada uno del medio millar de cruceros que pasaron por Palma el año pasado.
La diputada de Vox María José Verdú ha considerado que la moción de los socialistas no busca ofrecer soluciones reales ni eficaces, sino «maquillar su inacción» durante los ocho años que estuvieron al frente del Govern y emplear el agua como «herramienta de agitación política».
La representante de Més per Menorca Joana Gomila ha acusado al Ejecutivo autonómico de permitir que medidas como el aumento del canon del agua a grandes consumidores del decreto turístico por exigencia de Vox y pese a que la presidenta Marga Prohens lo anunció el pasado octubre.
«Una prueba más de que Vox dicta y el PP ejecuta», ha lamentado la menorquinista, quien ha instado a los 'populares' a dejar de lado su vinculación con los de Santiago Abascal y apostar por las medidas propuestas en la moción.
Armengol y sus socios deberían aprender a respetar el resultado electoral, que les echó del gobierno después de 8 años de recortes en la libertad de los ciudadanos, imposiciones sectarias y abusos.