El departamento de Turisme del Consell de Mallorca da casi por cerrado un acuerdo con la plataforma Airbnb para sacar del mercado anuncios de alquiler vacacional ilegal en Mallorca. La negociación está ahora mismo centrada en aquellos anuncios de alquiler vacacional considerados «manifiestamente ilegales», como por ejemplo, tiendas de campaña, caravanas, barcos y chabolas. El Consell espera anunciar el acuerdo en breve, según fuentes del departamento.
Estas mismas fuentes valoran muy positivamente el anuncio efectuado este lunes por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha ordenado el bloqueo de casi 66.000 anuncios de pisos de Airbnb que incumplen la normativa vigente en diferentes comunidades autónomas, entre ellas Balears. «Contra la oferta ilegal, toda ayuda es bienvenida, venga de donde venga», señalan.
Desde la conselleria de Turisme del Govern se expresan en términos similares: «celebramos todo lo que signifique luchar contra la oferta ilegal desde las diferentes administraciones».
El bloqueo llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avalara la primera resolución del Ministerio, que obligaba a retirar 5.800 anuncios ilegales detectados en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Balears y País Vasco. Airbnb recurrió esa resolución, pero la justicia ha desestimado su recurso. El Ministerio ya había emitido tres resoluciones previas en las que se notificaba a la plataforma la existencia de un total de 65.935 anuncios ilegales. Con el respaldo judicial, ahora Consumo ha instado formalmente a la filial irlandesa de la compañía, encargada de su operativa en Europa, a bloquear todos los anuncios afectados.
Por su parte, Airbnb acusa al ministerio de usar una «metodología indiscriminada» a la hora de elaborar el listado de anuncios, según un portavoz de la compañía, que anunció que continuarán recurriendo las decisiones que afectan a este caso: «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».
Desde Consubal, su presidente Alfonso Rodríguez Sánchez señaló este lunes que «el Ministerio está tomando cartas en el asunto y su trabajo ofrece garantías a los usuarios de que lo que van a alquilar es legal».
7.000 viviendas
En una visita a Ibiza el pasado 6 de febrero, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, entregó al Govern un archivo digital con más de 7.000 viviendas del archipiélago que se publicitaban como turísticas sin el número de licencia, lo que suponía un 30 % del total, que se calcula en al menos 22.000 alojamientos, según datos recopilados por la Unidad de Análisis de Consumo. El ministerio no ha facilitado a este diario los datos de anuncios ilegales desglosados por comunidades autónomas y plataformas.
Pero los pisos ilegales que han salido del mercado de alquiler de larga duración y han provocado la crisis habitacional ni tocarlos, ¿eh? que si no no pillan de todas esos fondos de inversión que tienen centenares de pisos anunciados por toda la isla...Otra cortina de humo del actual Govern para hacer que parece que hacen algo sin hacer nada...