Los veterinarios de Baleares elevan su protesta y paran durante una hora

Una treintena de clínicas veterinarias de Baleares ha secundado este martes 11 de febrero a las 11 horas un paro simbólico de 60 minutos contra la nueva normativa estatal que restringe la dispensación de antibióticos a animales de compañía. Es la primera protesta convocada por la patronal en las Islas que no descarta futuras movilizaciones.

Desde el 2 de enero todos los veterinarios están obligados a comunicar al Ministerio de Agricultura las prescripciones de antimicrobianos que realizan en sus consultas a través del sistema PRESVET. No se les permite además administrar medicación a animales que no porten chip.

La no atención de los animales no identificados vulnera el juramento que hacen los profesionales de la salud animal, similar al juramento hipocrático de los médicos, por el que se comprometen a «promover la salud y el bienestar de los animales, aliviando su sufrimiento» y a «proteger la salud pública y medioambiental». Los facultativos están acorralados. Si no cumplen la orden ministerial se exponen a multas de entre 60.000 y un millón de euros.

«La normativa nos imposibilita ejercer nuestro trabajo y pone en riesgo la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente», explica Delia Saleno, propietaria de la Clínica Veterinaria Son Dureta, una de las que han cerrado sus puertas una hora. «La gota que ha colmado el vaso ha sido la entrada en vigor del RD 666/2023 que imposibilita ejercer el trabajo en base a la ciencia y el conocimiento médico actual a la hora de prescribir tratamientos a los animales de compañía y que, además, introduce una burocracia desmesurada», añade.

De la misma manera, expone que «se crea un entorno laboral basado en una inseguridad jurídica inaceptable, ya que pone al facultativo en una encrucijada que le obliga a elegir entre cumplir la ley o cumplir con su deber profesional y deontológico para tratar correctamente al paciente». Y apostilla diciendo que «se pone en serio riesgo la salud animal, la salud pública y el medioambiente, y a la vez, se fomentará el mercado negro en torno al medicamento».

También se exponen a sanciones quienes se salten las nuevas pautas de medicación. La normativa distingue entre cuatro tipo de antibióticos. Los D deben usarse «con cautela». Solo si estos no funcionan los facultativos pueden recurrir a los de tipo C que deben usar «con precaución». Los del tipo B tienen la consideración de «restricción» y solo se pueden administrar previa justificación técnica con un cultivo. Los tipo A están reservados para su uso en humanos aunque existen algunas excepciones muy vigiladas para su uso en animales de compañía.

«Las multas son tan aberrantes que no nos dejan trabajar. Nos obligan a probar antibióticos que sabemos por experiencia que no van a funcionar en infecciones y esperar tres días y a hacer un cultivo antes de poder dispensar la medicación que el animal realmente necesita», explica Andreu Oliver, presidente de la patronal de clínicas veterinarias de Baleares.

De nada han servido los intentos que ha hecho el Colegio de Veterinarios de Baleares para intentar calmar los ánimos, buscando un pacto con las administraciones. Los profesionales de Baleares están divididos entre los que apuestan por la vía negociadora para llegar a un acuerdo que permita una aplicación «laxa y paulatina» de la norma (representados por el órgano colegiado) y los que han decidido plantar cara (representados por la patronal de clínicas veterinarias).

Ahora toca esperar para ver quien mueve ficha. El Ministerio de Agricultura ha reconocido que las multas son «excesivas» y asegura trabajar en la redacción de un nuevo texto que las revisa e incorpora algunas excepciones para permitir la adminsitración de medicamentos a gatos callejeros, gatos extraviados sin identificación y animales no identificados con patologías que puedan comprometer su salud o la de las personas con las que conviven.