El GOB ha acusado este viernes al Govern del PP de acelerar «la carrera suicida neoliberal» y a la presidenta, Marga Prohens, de estar «decidida a facilitar una nueva embestida inversora y especuladora en unas islas que se encuentran ya en el límite social y ambiental».
Ante la desregulación urbanística por parte del Govern, el grupo ecologista ha advertido de que «la transformación del suelo rústico, legal o ilegalmente, es ahora mismo el cambio más importante y acelerado que sufre Mallorca, con graves impactos ecológicos, territoriales, agrarios y paisajísticos. El suelo rústico está en el punto de mira de las inversiones inmobiliarias y turísticas». De este modo, el grupo ecologista rechaza la amnistía de edificaciones ilegales en suelo rústico que el Govern de Prohens tiene previsto aprobar en forma de decreto-ley en las próximas semanas, «sin ni siquiera esperar a las anunciadas leyes de urbanismo y territorio que prevé impulsar durante esta legislatura».
Según el GOB, con dicha medida, el Govern de Prohens «activa de forma inmediata una nueva operación de amnistía urbanística que promueve una revalorización de activos inmobiliarios ilegales y fuera de ordenación, premiando, de nuevo, a los infractores urbanísticos».
La entidad señala que se beneficiará «a gente que no ha respetado las leyes, no ha pagado impuestos, no ha contratado a profesionales y ha contribuido a la rururbanización -urbanización del espacio rural- con consecuencias directas sobre los recursos naturales, como la contaminación de acuíferos por no disponer de fosas sépticas».
Entre los principales efectos de la legalización, el GOB indica que «beneficiará a los infractores y los operadores inmobiliarios, que podrán vender las fincas con mayor facilidad y a mayor precio, acceder a financiación y realizar reformas y ampliaciones».
Asimismo, ha recordado que la Agència de Defensa del Territori ejecutó 112 restablecimientos de obras y usos ilegales en el suelo rústico de Mallorca sólo en 2022, último año con datos disponibles, sumando un total de 653 entre 2017 y 2022.