El decreto de simplificación administrativa en el que trabaja el Govern de Marga Prohens recuperará una propuesta de Gabriel Company: la posibilidad de que las edificaciones ilegales en suelo rústico que hayan prescrito se puedan legalizar a cambio de pagar una sanción. En esencia se trata de la misma propuesta que ya incluía la ley Company, aunque con algunos matices que se están trabajando en estos momentos.
El departamento de Antoni Costa tiene prácticamente lista la norma, que incluirá muchas más medidas de simplificación, y en breve comenzará reuniones con sectores afectados para pulir aún más su contenido. El objetivo es que el Govern pueda aprobar el decreto justo después de la Semana Santa para que el Parlament lo convalide a continuación. En estos momentos no se ha tomado una decisión sobre la posibilidad de que el decreto se tramite como ley.
El texto en el que se trabaja incluirá medidas administrativas, pero también urbanísticas. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ya anunció que la norma incluirá la posibilidad de externalizar el otorgamiento de las licencias urbanísticas. Ahora se ha sabido que el decreto incluirá, además, esta legalización de edificaciones en el campo contra las que no se puede actuar porque ya han prescrito. Estas construcciones se encuentran en un limbo porque no se puede ordenar su demolición, pero la normativa tampoco permite que se realicen obra de consolidación o mejora.
A partir de la aprobación de la normativa, estas obras quedarán autorizadas de un modo parecido al que aprobó una norma de Gabriel Company del año 2014. Los propietarios de estas construcciones deberán pagar una multa equivalente a un porcentaje del valor del inmueble para poder legalizar. Este proceso ya se hizo en la época de Company y concluyó con la activación de 1.479 proyectos que supusieron una inversión de 184 millones de euros. Son datos de la estadística del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (COAIB), que recogió las labores de legalización de estas viviendas.
El Govern cree que habrá más viviendas que se puedan beneficiar de esta medida en estos momentos ya que, cuando se aprobó la normativa previa, toda Europa estaba inmersa en una graves crisis económica y ni los propietarios tenían liquidez para poder pagar las obras ni los bancos prestaban entonces el dinero para sacar adelante estas iniciativas.
«Se ha hecho una política intervencionista, proteccionista y dirigista y este Govern ha venido a cambiar las cosas», señaló el vicepresident del Govern, Antoni Costa, cuando explicó los detalles del decreto de simplificación. «Este es el gobierno de la libertad y del respeto a los derechos individuales y a la propiedad privada», insistió.
Las claves
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Derogación de normas de los anteriores gobiernos
El decreto en el que trabaja el Govern supondrá la derogación masiva de leyes, decretos e instrucciones que considera ineficaces y que además suponen un lastre para que la Administración funcione de manera correcta.
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Los expertos ya trabajan en el análisis de la normativa
El Govern ya ha puesto en marcha una comisión de expertos interdisciplinar que analiza a fondo todas las normas que se han ido aprobando en los 40 años de vida de la Comunitat para ver cómo simplificar tanta documentación.
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Cambios en la Comissió Balear de Medi Ambient
Dos entidades están en el punto de mira del Govern a la hora de poner en marcha este proceso de simplificación: la Comissió Balear de Medi Ambient y el departamento de Recursos Hídrics. Dicen que el atasco allí es monumental.