Unas 25.000 edificaciones en suelo rústico fuera de ordenación podrían beneficiarse de la amnistía urbanística que prepara el Govern dentro del decreto de simplificación administrativa que se aprobará después de Semana Santa con toda probabilidad. No existe un censo definitivo del número de construcciones afectadas, pero los últimos datos del Plan Territorial apuntaban a que ya cuando se aprobó, había unas 30.000 construcciones en suelo rústico. Algunas de ellas se legalizaron con la ley Company y otras están demolidas, pero los cálculos actuales señalan que podría haber unas 25.000 viviendas.
Sin embargo, no todas ellas se podrán legalizar ya que la norma en la que trabaja el Govern incorpora una serie de condiciones. En principio, las fuentes consultadas indican que se podrán acoger a la medida construcciones construidas hace décadas que no figuran en los registros y construcciones levantadas de manera irregular, pero cuyo delito ya ha prescrito.
La ‘ley Company' permitió que los propietarios de estas viviendas las legalizaran y pudieran hacer obras de adecuación y mejora. A cambio, los propietarios de estas viviendas debían pagar una sanción en función del valor de las obras. La llegada de la izquierda al Govern eliminó esta posibilidad que ahora se quiere reactivar para dar salida a unos edificios que no se pueden demoler, pero en lo que tampoco se pueden hacer obras de mejora o consolidación. El Govern cree que serán muchas menos las edificaciones que se acogerán finalmente a esta posibilidad.
Los partidos de la oposición alertaron ayer de que estudiarán presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si el Govern sigue adelante con esta idea. Tanto el portavoz de Més, Lluís Apesteguia, como el del PSIB, Iago Negueruela aseguraron que estudian el recurso. Negueruela apeló a la normativa europea y recordó a Marga Prohens que las instituciones comunitarias han obligado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, a dar marcha atrás con respecto a Doñana, por citar un ejemplo.
«Es una amnistía a los suyos y un mal ejemplo para la sociedad que lo ha hecho bien. Lanza el mensaje de que cada uno haga lo que le de la gana», dijo Iago Negueruela. «Se ríen de la gente que hace las cosas bien. El suelo rústico no se pueda urbanizar;Mallorca no puede seguir siendo un enorme solar.», dijo Lluís Apesteguia, portavoz de Més.
Josep Castells, de Més per Menorca, se mostró a favor de abrir un proceso de simplificación administrativa, como el que pretende el Govern, pero alertó de que esta medida no debe ser la excusa para aprobar una amnistía urbanística. «Se beneficia a los espabilados que se han saltado la ley», señaló el diputado, que lamentó que el PP siempre mire en la misma dirección cuando habla de urbanismo.
Las claves
-
La ley de medidas urgentes sigue en tramitación
El Parlament tiene pendiente de tramitación el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que permite dividir casas de grandes dimensiones, construir pisos en los locales comerciales y levantar alturas en los grandes centros de las ciudades.
-
Recuperación de nuevos suelos para levantar VPO
Una de las medidas que se ha pactado con el sector es la puesta en marcha de un programa de cesión de suelo público para la construcción de VPO. Se construirán viviendas en alquiler que luego pasarán a ser de la administración.
-
Cambios de modelo territorial, también en el Consell
Algunas de las propuestas de modificación urbanística que diseñan los nuevos gobernantes afectarán también al Consell de Mallorca, donde la institución quiere introducir cambios en la normativa previa de la izquierda.