La magistrada Isabel Poveda Bernal negó en el TSJIB que dictara una resolución injusta en una providencia que determinó el control de un hotel. Titular de un juzgado de lo Mercantil de Palma, Poveda está investigada por un posible delito de prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia después tras admitirse a trámite una querella contra ella por su intervención en el procedimiento de un concurso.
La situación de insolvencia afectaba a la sociedad Grupo 4 Islas S.L. que gestionaba el hotel Torre Azul de s’Arenal. En torno a la explotación del hotel había una disputa judicial muy prolongada entre esa sociedad y la propiedad del establecimiento. En el año 2015 se había firmado un contrato de alquiler de la explotación que más tarde fue objeto de una denuncia por estafa por parte de la propiedad, que denunciaba que el administrador se había aprovechado de una relación sentimental para imponer unas condiciones abusivas a su favor por el hotel.
Mientras se tramitaba esa investigación penal, aún abierta, la empresa se declaró en concurso. La magistrada investigada nombró al administrador concursal. En torno a la actuación de este profesional hubo un conflicto cuando, sin permiso judicial, se pagó a sí mismo honorarios por valor de 24.000 euros, lo que provocó que fuera apartado del procedimiento concursal por otra magistrada que había asumido la titularidad del juzgado. Sin embargo, la magistrada investigada regresó al órgano judicial para una sustitución y firmó una providencia que reponía en el cargo al administrador mientras se resolvían los recursos presentados. En ese intervalo firmó la entrega del hotel, el único activo de la sociedad.
Es esa providencia la que ha provocado la imputación de la magistrada, que ya ha sido convocada por el instructor designado por el TSJIB, Álvaro Latorre para aclarar su actuación procesal. En su declaración, la jueza defendió su labor profesional y limitó la providencia y su alcance, desvinculándose de las decisiones posteriores que adoptó el administrador concursal. El procedimiento se mantiene abierto a la espera de que el juez instructor desarrolle nuevas diligencias para valorar si es necesario o no llevar a juicio a la magistrada.