La orden de demolición forzosa emitida por la Audiencia Nacional sobre la piscina propiedad del periodista Pedro J. Ramírez en la Costa dels Pins, una vez rechazados los recursos presentados tras ser declarada ilegal por varias resoluciones judiciales que son firmes desde mayo de 2021, pone fin a un largo proceso legal que culmina uno de los casos más mediáticos que rodean a la disciplina urbanística en Mallorca, cargada de precedentes en los que la Justicia ha echado atrás proyectos en marcha -detenidos en plena ejecución- o finalizados, e incluso construcciones ya asentadas en el panorama urbano o rústico de la Isla.
Uno de los más llamativos, y que permitió despejar parte de la primera línea de Palma fue el del Baluard del Príncep, unas viviendas militares cuya demolición que llevó a cabo entre 2006 y 2007, tras años de espera y deliberaciones que acabaron por convertir en escombros varios bloques residenciales ubicados sobre la muralla renacentista de la capital mallorquina, abriendo las puertas a la transformación de la zona de Sa Calatrava. Así, se recuperaba un bien catalogado como el Baluard des Príncep.
Otra imagen impactante nos traslada hasta el corazón de la Serra de Tramuntana, donde durante décadas el esqueleto del hotel Monnàber fue una muestra clara del urbanismo desenfrenado. Tras 38 años de lucha, 53 kilos de 'Goma 2' acabaron con ese atentado paisajístico en las faldas del Puig Major en julio del año 2000, cumpliendo con la voluntad expresada por los tribunales.
Un escenario y un caso emblemático fue Ses Covetes, donde las construcciones levantadas al pie de la playa de Es Trenc fueron protagonistas de un largo litigio que culminó en 2012, cuando el TSJIB ordenó su derribo tras años de lucha -desde 1992- por parte de los ecologistas y vecinos, pasando a ser historia ya desde 2013, cuando las palas hicieron su trabajo en el litoral de Campos.
Llucalcari es uno de los iconos de la costa norte de Mallorca. Ubicado entre Deià y Sóller, este núcleo vio cómo el TSJIB mantenía firme el fallo que obligaba al derribo de dos chalés, que asumió en primera persona el por entonces alcalde, Jaume Crespí, junto a los operarios de la Brigada Municipal en diciembre de 2010, para cumplir con los plazos marcados por la Justicia.
No muy lejos, en el Port de Sóller, hace una década se vivió otra demolición mediática como fue la del hotel Rocamar, cuyo impacto paisajístico en la zona era llamativo tras años de abandono, asumiendo la Conselleria de Turisme la operación, unida a la recuperación del entorno, ya que se ubicaba en la zona de paso de la Ruta de Pedra en Sec.
Personajes mediáticos también se vieron afectados por situaciones de este perfil. Es el caso de la infanta Pilar, obligada a demoler a mediados de la década de los 90 parte de la casa que poseía la hermana del rey emérito en Porto Pi, acatando así una sentencia del Tribunal Supremo, ratificada por el TSJIB. También el polémico y excéntrico extenista alemán Boris Becker se vio inmerso en estos procesos administrativos.
Lo hizo tras perder el último recurso administrativo que le quedaba por lo que se vio obligado a cumplir con la decisión del Consell de Mallorca en referencia a su finca de Son Coll, en Artà. Becker se vio obligado a demoler 489 metros cuadrados de los 900 que tenía su residencia, además de pagar una multa de 213.359 euros por construir sin los pertinentes permisos.
Mejor suerte corrió Alfonso Cortina, que ganó el pulso al Ajuntament de Pollença y tras un largo recorrido por los tribunales puede seguir disfrutando de su idílica residencia en Formentor. El TSJIB estimó parcialmente el recurso contra la concesión de la obra y suspendió la licencia de la misma basándose en el impacto visual de la edificación y en una cubierta que no podía ser plana, sino que debía ser de teja árabe. Esa resolución judicial no exigía la demolición, sino que instaba al propietario a subsanar esas deficiencias.
También cerca, fue sonado el cierre y desalojo del conocido puesto de Gelats Valls en el Port de Pollença, que generó un duro pleito entre los propietarios y el Ajuntament, que acabó con la retirada del kiosko a inicios de 2017. Más recientemente, en Palma, más concretamente en la playa de Ciutat Jardí, la amenaza de derribo del popular restaurante El Bungalow movilizó a la barriada ante la determinación de Demarcación de Costas y la presión de los ecologistas.
Un municipio que abandera el desfase urbanístico en Mallorca es Andratx. Y allí encontramos los apartamentos Monport, un conjunto que constaba de 29 edificios construidos en suelo protegido durante el mandato de Eugenio Hidalgo, y que en 2007 fueron paralizados cuando ya se había ejecutado el 80% de la obra. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Balears ordenó su demolición y obligó al consistorio a reservar una importante partida para hacer frente a las labores.
Estas son algunas de las intervenciones más conocidas y que mayor repercusión mediática y económica han tenido para las arcas públicas o particulares de los infractores o responsables subsidiarios de esos derribos que forman parte de la historia urbanística y paisajística de Mallorca.