El actual director general del Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut), Javier Ureña, ha asegurado este miércoles que el Govern balear de Francina Armengol no informó al ejecutivo de Marga Prohens del sobrecoste de las mascarillas del caso Koldo, ni inició la reclamación a la empresa investigada. En una entrevista al programa 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por EFE, Ureña (PP) ha replicado a algunas de las afirmaciones que hizo este martes en rueda de prensa Armengol, presidenta del Congreso y líder de los socialistas de las islas.
Ha mantenido que ni en la reunión de traspaso de poderes de la Conselleria de Salut ni en la del IB-Salut los altos cargos socialistas informaron a los del PP que les reemplazaban de la compra de 1,5 millones de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros cuya calidad era mucho menor de la contratada, por lo que fueron almacenadas y nunca se emplearon.
De hecho, hay un documento de 600 páginas del traspaso de poderes en el IB-Salut en el que no hay referencia alguna a este asunto, ha señalado Ureña. El expediente de reclamación, ha explicado, lo firmó él mismo el 24 de agosto de 2023 por un total de 2,6 millones de euros: la diferencia entre el valor de las mascarillas FPP2 pagadas y las quirúrgicas recibidas, un 70 % más baratas. Según su relato, el 6 de julio de 2023, el mismo día que Marga Prohens fue proclamada presidenta de Baleares, el subdirector de la Central de Compras y Logística del IB-Salut, Antoni Mascaró, firmó un informe de propuesta de reclamación, lo que no supone en ningún caso el inicio del proceso, ha subrayado.
El director general ha garantizado que el expediente de reclamación no ha caducado y que, por tanto, el actual Govern balear tratará de recuperar, por vía administrativa y penal, 3,7 millones de euros, todo el coste de las mascarillas. Ureña ha advertido que el «problema» de este expediente de reclamación es que en agosto de 2020 el Govern de Armengol, a través de un documento oficial, expresa su «total conformidad» con el contrato de compra.
Las mascarillas continúan en un almacén, pero ahora están custodiadas «a buen recaudo» porque forman parte de una investigación de la Audiencia Nacional. Por otra parte, Ureña ha afeado a la presidenta del Congreso que descargue la responsabilidad de esta adquisición de mascarillas en los funcionarios del IB-Salut: «No lo vamos a permitir (...), no es un funcionario quien decide una compra por valor de 3,7 millones de euros». «Según la información que tenemos nosotros, esta compra la decidieron altos cargos y directivos» del Govern de Armengol, ha sentenciado.