Baleares recurrirá la decisión del juez que le impide personarse en el caso mascarillas. Según han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico a Ultima Hora, el Govern presidido por Marga Prohens asegura que «demostrará» que sí hubo un perjuicio económico para la Comunidad Autónoma.
Esto se debe a que las Islas recibirán 3,7 millones de euros menos de los fondos europeos. Cabe recordar que la Unión Europea ya abonó esa cantidad para pagar las máscaras de protección facial, pero comprobarse que no eran aptas, Europa descontará la citada cantidad económica de próximos pagos. Por tanto, las Islas tendrán 3,7 millones de euros menos, motivo por el que consideran que el caso mascarillas sí les ha supuesto un perjuicio económico.
Además, las mismas fuentes han asegurado que el Govern explorará todas las vías, tanto la administrativa como la penal, con la finalidad de que las Islas recuperen los 3,7 millones de euros citados con anterioridad.
La postura del juez
Sin embargo, el juez instructor de la Audiencia Nacional que investiga el caso de las mascarillas considera que, como dicho material sanitario se pagó con fondos europeos, no existe perjuicio para la administración. Ismael Moreno ha dictado un auto que deja al Govern balear fuera del caso, lo que complica las intenciones del Ejecutivo de obtener toda la información de la causa.
Cabe recordar que la Abogacía de la Comunidad presentó el escrito solicitando la personación en las actuaciones el pasado 28 de febrero y se dio traslado al fiscal. El juez ya había solicitado la opinión del fiscal sobre este asunto, que previsiblemente ha sido negativa a la vista de la decisión del instructor. El fiscal señala, como ha recogido igualmente el instructor, que el expediente por la compra de 1,4 millones de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros fue financiación con cargo al fondo FEDER, por lo que no existiría perjuicio para la Administración. Precisamente el vicepresident del Govern, Antoni Costa, anunció la semana pasada que el Govern había descertificado este pago. En la práctica eso supone que el Ejecutivo deberá devolver los 3,7 millones de fondos recibidos en su día.