El juez instructor de la Audiencia Nacional que investiga el caso de las mascarillas que compró el Govern a la empresa de la trama ha rechazado la personación del Govern en el ‘caso Koldo' al considerar que, como las mascarillas se pagaron con fondos europeos, no existe perjuicio para la administración. Ismael Moreno ha dictado un auto que deja al Govern de Marga Prohens fuera del caso, lo que complica las intenciones del Ejecutivo de obtener toda la información de la causa.
Prohens había anunciado la personación del Govern como parte perjudicada y también adelantó que su voluntad era presentar una reclamación del dinero defraudada por la vía penal. Sin embargo, el juez tumba estas intenciones. En el auto, argumenta que no procede aceptar la personación de la Abogacía de la Comunitat como acusación particular, en nombre del IB-Salut, hasta que no acredite el eventual perjuicio en los hechos que son objeto de investigación.
La Abogacía presentó el escrito solicitando la personación en las actuaciones el pasado 28 de febrero y se dio traslado al fiscal. El juez ya había solicitado la opinión del fiscal sobre este asunto, que previsiblemente ha sido negativa a la vista de la decisión del instructor.
El fiscal señala, como ha recogido igualmente el instructor, que el expediente por la compra de 1,4 millones de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros fue financiación con cargo al fondo FEDER, por lo que no existiría perjuicio para la Administración. Precisamente el vicepresident del Govern, Antoni Costa, anunció la semana pasada que el Govern había descertificado este pago. En la práctica eso supone que el Ejecutivo deberá devolver los 3,7 millones de fondos recibidos en su día.
Costa explicó que el dinero no se devolverá, y que esa cantidad no llegará de futuros pagos procedentes de la Unión Europea. El Govern hizo este movimiento con el fin de evitar que la UE castigue a Baleares en pagos futuros por haber hecho, supuestamente, un uso fraudulento del dinero.
El anuncio del juez supone un jarro de agua fría para las intenciones de Prohens, que ahora deberá tratar de buscar otra vía penal para conseguir el dinero, más allá de la vía administrativa, donde ya ha anunciado otra reclamación.