Su pulso al PSIB ha terminado provocando un cambio en el plan de estabilización de las plazas sanitarias. No quedarán exentas de catalán salvo aquellas en las que haya déficit de sanitarios.
¿La crisis la ha solucionado Més o la OCB y el STEI?
—Todos los actores han sido importantes, tanto por la presión en el Govern como por la presión de entidades sociales. Ha sido postivo trabajar en una línea común.
¿Cómo le explicó Francina Armengol ese cambio de opinión en cuestión de horas?
—No me lo explicó. Habíamos llegado a un nivel de tensión política y social de tal calibre que no era positivo para el pacto. Creo que también se dieron cuenta de que la convocatoria no estaba bien fundamentada y que Més tenía razón cuando decía que peligraba el proceso de estabilización. Si el tribunal anula el proceso de estabilización, no se puede volver a convocar porque solo se podía hacer hasta el 31 de diciembre de 2022.
¿No hay autocrítica en Més por haber presionado tan tarde?
—Yo no tenía constancia de estas bases, sí de las generales, pero no de las específicas, que son la de sanidad. Esto manifiesta que la actual configuración del Govern presenta algunas debilidades, porque no puede ser que la Direcció General de Política Lingüística no pueda opinar ni se le invite a un proceso de estabilización donde hay en juego derechos lingüísticos.
Este asunto ya provocó otra crisis en la anterior legislatura. ¿Hay resistencias en el PSIB?
—En el ámbito de la salud, sí hay resistencias. La ley que se aprobó en 2016 hizo que, por primera vez, el catalán fuera requisito legal en el ámbito de la salud. Viéndolo con perspectiva, la redacción de esta ley fue demasiado poco concreta y el IB-Salut ha aprovechado para no cumplir con el espíritu de la ley.
¿El IB-Salut no cumple la ley?
—No se está cumpliendo el espíritu de la ley ni se está aplicando con rigor. La ley dice que las excepciones deben ser extraordinarias y justificadas, pero la excepción ha sido la norma y lo extraordinario ha sido lo ordinario con una justificación genérica y arbitraria.
Se cambiará la ley
—Sí, la ley debe definir cómo se hace para que no quede al criterio del gestor. Ya se están buscando cambios para recuperar el espíritu de lo que se pactó en 2016.
¿Se plantearon dimisiones en caso de que no hubiera una rectificación?
—Sí. Fue una de las posibilidades que se plantearon.
¿Y salir del Govern?
—No estuvo sobre la mesa porque nosotros estábamos por la resolución del conflicto para el bien del Govern. A día de hoy, viendo la realidad que tenemos con los números de plazas y de solicitantes, no sé si hubiésemos tenido que plantear otras posibilidad. Si el Govern no llega a rectificar, hubiera sido muy difícil no plantearse decisiones contundentes. Uno no puede mentir a la ciudadanía. Més no puede participar de que el catalán no esté en la sanidad ni ser cómplice de poner en peligro todo el proceso de estabilización.
¿Se ha resentido su relación con la presidenta a raíz de esta crisis?
—Ella representa a un partido y yo a otro y, a partir de aquí, tenemos que tener una relación cordial. Hablamos francamente de las cosas, con confianza, sabiendo que la negociación es discreta. Creo que tenemos una relación de confianza y de respeto, pero cada uno de nosotros representa a un partido.
Todo el mundo dio por hecho de que, con usted, Més saldría de este Govern.
—Tenemos uno pacto firmado que, independientemente de mi opinión, nos hemos comprometido a cumplir. Es el marco en el que me tengo que mover hasta mayo. El problema es si otro partido se sitúa fuera del pacto que se firmó, como ha estado a punto de pasar.
¿Qué debe cambiarse en un futuro pacto?
—Esta crisis ha sido una demostración de que este pacto no funciona. Hay que hacer serios ajustes en el pacto. No se pueden sacar 4.000 plazas de trabajadores sin que uno de los socios sepa en qué términos salen. Este Govern no es monocolor, algo que todos deben recordar, porque un solo partido no tenía diputados suficientes para investir una Presidencia, y las decisiones de calado se deben adoptar colectivamente. Esto hay consellers que los tienen claro y otros no.
¿Quiénes?
—Cada uno tiene que hacer su propia autoevaluación, pero hemos tenido ejemplos de negociaciones que han salido bien y otras que han acabado en conflicto político, y eso es un fracaso del Govern, de todos. En un Ejecutivo compartido, una decisión no puede ir nunca en contra de los principios de uno de sus miembros. Puede haber diferencias, pero eso otro, no. En este caso, el Govern casi cruza una línea roja para uno de sus miembros.
¿Ha gobernado Armengol como si tuviera mayoría absoluta?
—Ha sido una legislatura muy presidencialista, en parte motivada por la COVID, pero ese presidencialismo se ha acentuado mucho. La presidenta es respetuosa con los consellers de Més, pero no ha habido voluntad de coordinar el Govern para tomar todas las decisiones.
En resumen: ¿la salud, lo primero, pero el catalán también?
—No se contradicen ni entran en conflicto. Los números del plan de estabilización demuestran que se pueden cubrir la mayoría de las plazas. Quien diga o quien haya dicho que el catalán es una barrera no decía la verdad. Cuando el PP, a pesar de estos datos, sigue insistiendo en que el catalán sea un mérito en salud, debe explicar por qué no quiere que a los ciudadanos de Balears nos entiendan en catalán.