Ni STEI, ni OCB, finalmente ha sido Plataforma per la Llengua quien ha llevado al tribunal contencioso administrativo una impugnación de las bases del proceso de estabilización de los sanitarios que excluye a 15 categorías de la obligación de presentar el requisito del catalán al considerarse deficitarias. Piden, además, la suspensión del proceso como medida cautelar.
La entidad denuncia que el problema de la falta de conocimiento de la lengua propia en la administración sanitaria no se ha resuelto con el acuerdo del Govern, sino que se ha reducido. Ahora, el plan para hacer fijos a los interinos permitirá que 15 y no 49 categorías de médicos y enfermeras queden exentos de conocer el idioma cooficial de las Islas de forma permanente, lo que igualmente se hará «a costa de los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes».
Por otra parte Plataforma per la Llengua critica el hecho de que la resolución de diciembre impugnada, que rige el proceso de estabilización sanitario, otorgue dos años de moratoria al resto de las categorías porque «se permite estabilizar a profesionales sin el dominio de la lengua, al menos durante este tiempo», señala Ivan Solivellas, delegado de la entidad en las Islas. «Y no deja claro que una vez pasados los dos años, si no se acredita la titulación, los profesionales no puedan ser revocados fácilmente de su plaza», añade.
El que avisa no es traidor. La entidad anunció hace tres días su intención de presentar este recurso que, a diferencia de los realizados ante el IB-Salut por el sindicato STEI y por la OCB no es administrativo, sino jurídico, y se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia. Solivellas recuerda que se ha pedido una reunión a la presidenta del Govern, Francina Armengol, para que la rectificación en esta convocatoria sea total. «No ha sido la legislatura de la recuperación, ni mucho menos de los avances en la materia de derechos lingüísticos», advierte.
«Nos han vendido el acuerdo como una victoria pero se sigue sin aplicar el requisito del catalán en una serie de perfiles», añade Solivellas que recuerda que se trata de una estabilización de plazas de personas que llevan años de interinaje en la administración. «Unos no han hecho el trabajo mientras que otros sí se han sacado el título», recuerda. Plataforma per la Llengua sugiere que quien no acredite el requisito siga como interino, «no se trata de sacarlos pero tampoco de convertirlos en funcionarios de carrera».