La Fiscalía califica como un delito de sedición el motín en el avión de Air Arabia Maroc y la fuga de 23 pasajeros por las pistas del aeropuerto de Palma. En el escrito solicita una condena de cinco años de cárcel por este delito para cada uno de los 22 acusados que protagonizaron la fuga. Otros dos encausados son residentes en Mallorca investigados por ayudar a dos de los fugados. En total, el Ministerio Público reclama penas que superan los 112 años de prisión.
Con el delito de sedición pendiente de la modificación del Código Penal que se tramita en el Congreso, la Fiscalía plantea una calificación alternativa: la de que los hechos fueron un delito de coacciones en concurso con el delito de sedición específico de la normativa aérea. En ese caso, la condena que solicita es de tres años de cárcel. Además, incluye un delito leve de maltrato y suma en exclusiva para el pasajero acusado de fingir una enfermedad un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La calificación recuerda que la fuga por la pista el cinco de noviembre de 2021 obligó al cierre del espacio aéreo durante cuatro horas y afecto a 81 vuelos, de los que 41 fueron cancelados. Insiste en que existió una «situación de peligro» y una «situación sin precedentes en el espacio aéreo europeo que alcanzó notoria publicidad y repercusión internacional». Para la Fiscalía, los 25 pasajeros que participaron en la fuga, de los que tres no han sido detenidos aún, actuaron de forma coordinada según las directrices que se publicaron en el grupo de Facebook ‘Brooklyng'.
Así, describe que, al llegar al territorio español, uno de ellos, Yassine Jaouhari, fingió una crisis diabética, una enfermedad que más tarde en prisión se acreditó que no padecía. Según el escrito fue atendido por otro pasajero sin titulación médica acreditada que fingió ser doctor y que dijo que estaba en un «condición mortal inminente», lo que desencadenó el aterrizaje de emergencia. Una vez en tierra, los acusados iniciaron un «grupal alboroto en el reducido espacio disponible de una aeronave», comenzaron a gritar y a empujar hacia la puerta, «no obstante de su obligación de permanecer sentados en el interior, tal y como había sido expresamente indicado por la tripulación».
La calificación describe que generaron una «situación de caos» con empujones y zarandeos hasta que consiguieron salir al exterior pasando por encima de la tripulación y de los dos trabajadores de tierra que estaban a pie del aparato. A uno de los tripulantes le dislocaron el hombro. Una vez en tierra, huyeron a la carrera por las pistas, lo que forzó el cierre del espacio aéreo. Ese mismo día fueron detenidos catorce, entre ellos el falso enfermo y su acompañante que intentaron la huida en Son Llàtzer. El resto fueron detenidos en las semanas siguientes en Mallorca y uno hace pocos meses en Barcelona.
Punto de vista
Ejemplaridad
Germà VentayolResulta obvio que la Fiscalía pretende lograr una condena ejemplar para los encausados por la innovadora forma que tuvieron de entrar de manera ilegal en España, que lleva camino de crear escuela a la vista de lo ocurrido hace unos días en el aeropuerto de Barcelona. Si lo ocurrido en Son Sant Joan fue o no una sedición ya lo decidirán los jueces, pero está claro que el Gobierno pretende lanzar un mensaje claro a las mafias que se enriquecen tras la inmigración ilegal. Veremos cómo acaba este episodio que dejó claro que, en este caso Mallorca, es uno de los puntos ‘calientes’ para entrar en la ansiada Europa. Mientras vamos a seguir poniendo parches a un problema que nadie quiere resolver.
El apunte
Dos delitos diferentes de sedición
La calificación de la Fiscalía incorpora dos delitos diferentes de sedición: uno que pretende derogar ahora mismo el Gobierno y otro es el que consta en la normativa específica de navegación aérea y que fue el mismo tipo delictivo por el que se acusaba a los controladores aéreos por el caos aéreo de 2010. En caso de que se derogue la sedición, mantiene una calificación alternativa como un delito de coacciones.