El Ajuntament de Palma ha triplicado las notificaciones de multas durante este año, según comentó el regidor de Justícia Social y exresponsable de Participació Ciudadana, Alberto Jarabo, durante el pleno municipal celebrado ayer. Jarabo hizo esta afirmación en el debate sobre el reconocimiento de una deuda de 95.000 euros a la empresa CI Postal, encargada de entregar las sanciones y que está siendo investigada, al menos algunos de sus trabajadores, por falsificar el acuse de recibo de las multas y por ser responsable de las miles de notificaciones que aparecieron hace unas semanas tiradas en diferentes ubicaciones del municipio.
La oposición criticó con dureza que el Consistorio haya prorrogado el servicio a CI Postal durante seis meses más ya que cuando acabó la concesión, el pasado mes de septiembre, aún no estaba redactado el nuevo pliego de condiciones, y le acusó de «falta de previsión». Asimismo, los partidos de la oposición denunciaron las «prisas» del equipo de Gobierno por realizar un pago extraordinario a una empresa, señalaron, a la que ya se le han abonado 1,3 millones de euros y que ha provocado, apuntaron, que cientos de ciudadanos hayan recibido sus multas con recargos por no saber que las tenían y no haber podido, por tanto, identificar al conductor.
La oposición en pleno recordó que se ha creado una plataforma ciudadana que demandará al Ajuntament por seguir enviando las sanciones con dicho recargo «a pesar de las irregularidades» y, en este sentido, reclamaron que Cort paralice la tramitación de las sanciones hasta que la Policía Nacional concluya las investigaciones. «Han reconocido que la empresa no ha hecho bien su trabajo y que ha habido ciudadanos perjudicados y, ante este recorte de derechos, lo único que se les ocurre es prorrogarles el contrato y aprobar un pago extraordinario», comentó Julio Martínez, regidor del PP. El equipo de gobierno rechazó paralizar la tramitación de las sanciones y anularlas ya que, según aseguró Jarabo, «los afectados tienen suficientes mecanismos a su disposición para presentar recursos y, si se demuestra que fueron mal notificadas, se les retiraran los recargos».
En relación con el pago extraordinario de 95.000 euros, el regidor de Podemos lo justificó en el citado aumento de notificaciones, «tenemos que aprobar este pago porque la empresa ha tenido que hacer frente a un aumento no previsto de avisos. Actualmente se están entregando más de 32.000 notificaciones mensuales», aseguró. Miembros de la mencionada plataforma ciudadana acudieron al pleno con la intención de intervenir y quejarse de la irregularidad de su situación pero por problemas a la hora de tramitar la petición no pudieron hacerlo.
Emaya
Por otra parte, durante el pleno también se aprobó, con los votos favorables del Pacte, que la empresa municipal de Emaya suscriba una operación de endeudamiento por valor de 25 millones para realizar más de cien obras de infraestructuras y de renovación de la redes de saneamiento. El presidente de la empresa, Ramon Perpinyà, enumeró algunas de esas actuaciones, como el tranque de laminación, el colector o la renovación de la red de Son Castelló ,y apuntó que el nivel de endeudamiento de la empresa apenas supera el 0,38 %.
Al pleno también acudieron varias de las trabajadoras sociales que fueron cesadas la semana pasada y la representante de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública, ATAP, Sonia González, acusó al equipo de gobierno de negarse a reunirse con ellos y de «ignorar de forma descarada y constante sus derechos, cuando alguna lleva hasta 24 años trabajando».