El Moviment per l'Escola en Català a les Illes Balears ha amenazado este miércoles con pedir un voto de castigo contra los partidos del Pacte si este no paraliza la tramitación de la primera ley educativa, que se prevé aprobar inicialmente el martes que viene en el Parlament. El movimiento, que aglutina siete entidades pro-catalán, como el STEI Intersindical o la Plataforma per la Llengua, considera «inaceptable» que la normativa incorpore el castellano como lengua vehicular. Por ello, han pedido una reunión con la presidenta balear, Francina Armengol, y el conseller d'Educació, Martí March, para hablar de este asunto.
El sociolingüista y delegado de la Plataforma per la Llengua en Balears, Ivan Solivellas, ha advertido en una rueda de prensa en el Arxiu del Regne de Mallorca que no les importa que gobierne la izquierda, y ha asegurado que si no se mejora la situación del catalán en la futura normativa harán una campaña pidiendo el voto en contra de los partidos progresistas. De hecho, ha apuntado que esto perjudicaría especialmente a Més per Mallorca, Unidas Podemos, El Pi y Més per Menorca, a los cuales les ha exigido valentía para que presionen a la Conselleria d'Educació, que tramita la ley y está gestionada por el PSIB.
Solivellas ha ido un pasó más allá, y ha afirmado que volverán a sacar las camisetas verdes a favor de la escuela en catalán si el Govern no dialoga y también ha instado a reactivar l'Assemblea de Docents, que presionó al gobierno del popular José Ramón Bauzá con este mismo objetivo. Por su parte, el representante de STEI-Intersindical, Cosme Orell, ha dicho que la ley llegar tarde y no garantizará que los alumnos asuman el mismo grado de competencias escritas en catalán y castellano.
Las entidades critican que se venda como una victoria el mantenimiento del Decret de mínims de un 50 % de clases en catalán porque supone «una derrota». Creen que es una herramienta del siglo pasado que ha quedado obsoleta en el contexto social actual y que ya no tiene sentido hablar de porcentajes, puesto que la realidad sociolingüística entre el catalán y el castellano «no es la misma». En este sentido, el representante de la Unió Obrera Balear, Aleix Font, ha comentado que el decreto «es insuficiente porque la situación del catalán ha empeorado; hay que ir más allá y la derecha no puede marcar la agenda política». Por esta razón, piden que cómo mínimo se establezca un 75 %.
Definir «áreas de intervención lingüística»
La representante de AlternativaSindicatDocent, Maria Gràcia Vila, ha explicado que los borradores de la ley que han podido leer se da a entender que hay zonas con realidad sociolingüísticas delicadas y otras donde es óptima, pero no se concreta cómo ni quién lo evaluará ni de qué manera los centros lo tendrán que recoger en sus planes lingüísticos. En este sentido, han destacado que el catalán está en una situación de especial debilidad en Eivissa, la bahía de Palma y en Maó. En estos puntos los miembros de la entidad creen que se debería de aplicar una inmersión lingüística en catalán para contrarrestar.