La gestión del megabrote por parte del Govern ha llevado a una serie de choques entre el Ejecutivo, las fuerzas de seguridad y el poder judicial que arrancan con la decisión del confinamiento de los estudiantes.
Los episodios de tensión se centran en lo ocurrido el mismo sábado por la noche, cuando se ordena llevar a los adolescentes al hotel Palma Bellver, y culminan en la tarde del miércoles con el auto judicial que no ratificaba el confinamiento de los supuestos contactos estrechos por falta de motivación en la resolución.
La reacción posterior y las acusaciones en bloque del Govern a la juez de Contencioso 3 de poner en peligro la salud pública han añadido más leña al fuego, aunque tanto las asociaciones judiciales como el TSJIB y otros órganos de gobierno han preferido no responder a las mismas por ahora.
El origen
Los choques arrancan con la decisión de confinar, que tiene que ser ejecutada por Policía Nacional y por la Guardia Civil. Ambos cuerpos reciben las primeras indicaciones de forma verbal por parte de la Administración y se encuentran con la negativa de los estudiantes a ir de manera voluntaria al hotel COVID. La Guardia Civil exige una resolución por escrito para llevar de manera forzosa a los jóvenes, algunos de ellos menores de edad. Se produce una situación de tensión y un posible plante hasta que la Conselleria registra in extremis la orden de confinamiento que, más tarde, tiene que someterse a ratificación judicial.
El juzgado recibe la solicitud de autorización de las medidas el sábado por la noche. Tanto la Fiscalía como la juez consideran, de entrada, que se trata de una petición genérica que no justifica de forma suficiente el confinamiento porque no aclara quién es y quién no es contacto estrecho. Tras el primer informe contrario de la Fiscalía, la juez pide al Govern que aporte más documentación para que aclare. El propio auto señala que hasta ahora, ese trámite se había cumplimentado sin problemas en casos idénticos, como los confinamientos de inmigrantes llegados en patera. El Govern aporta esos documentos pero no pasa el filtro judicial. Mientras, la custodia de los jóvenes provoca más tensiones con la Policía Nacional que también quiere claridad en la situación.
El auto
La misma tarde del jueves, cuando se notifica el auto, vuelven los roces entre el Govern y las fuerzas de seguridad cuando estas entienden que la resolución judicial permite salir a los estudiantes y anuncian que levantarán el dispositivo del hotel. El discurso contra la jueza, en especial del vicepresident y juez Yllanes cierra el escenario.