Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía, viajó este viernes a Palma para explicar a los agentes sociales y económicos de las Islas los detalles del plan de ayudas directas que aprobó por la mañana el Consejo de Ministros. Unas ayudas muy reivindicadas por parte del empresariado balear.
Este paquete de ayudas, muy reclamado desde Balears, llega tras un año de pandemia y parón económico. ¿Es consciente el Estado de la crítica situación económica de las Islas?
—Se es absolutamente consciente, pero no se ponen en marcha las ayudas un año después de la pandemia. El estado de alarma se declaró el 14 de marzo y el 17 se aprobaron para toda España las líneas ICO, los ERTE, las prestaciones de los autónomos y dar liquidez a las empresas que no podían desarrollar su actividad.
¿Cómo han afectado estas medidas a esta Comunidad?
—En Balears, las líneas de ICO han permitido financiar 4.846 millones en 18.225 empresas. La actividad puesta en marcha hace un año ha sido muy utilizada en Balears, especialmente en los sectores vinculados al turismo. En los ERTE sucede lo mismo, que han llegado a tener más de 150.000 trabajadores afectados. También se han adoptado medidas para los fijos discontinuos, una figura específica de las Islas. Hemos ido articulando ayudas en función de la situación para adaptarlas a las necesidades. Ahora se da un tratamiento especial a las Islas.
¿Cómo será la distribución de las ayudas directas?
—En Balears y Canarias se hará en función de la caída del empleo, teniendo en cuenta los fijos discontinuos, y se fijará por una orden de la ministra de Hacienda. En el resto se comunidades se hará con criterios del mecanismo europeo. El objetivo es abordar la situación se empresas que eran viables en 2019 y se han visto afectadas por la COVID.
¿Las comunidades determinarán los plazos de pago?
—Sí. Entiendo que desde ya trabajarán en los mecanismos ya que este dinero solo se puede usar hasta fin de año, de ahí la importancia de ser muy ágiles.
¿Se prevé una quita de la deuda en los préstamos ICO?
—Se ha creado un fondo de 3.000 millones para reestructuraciones. Se ha aprobado un mecanismo que permita que los acreedores financieros se pongan de acuerdo para ver cuál es la situación de una empresa y qué medidas necesita para ser viable. Si una empresa a la que se han dado ayudas aún tiene dificultades para pagar la deuda, las entidades financieras van a llegar a un acuerdo sobre las medidas a adoptar, las cuales prevé el decreto. La primera es extender los plazos de pago y si no es suficiente, se convertirán en préstamos participativos. Si aun así se necesita una parte de quita, el ICO podría entrar. En ningún caso es una quita generalizada, que sería profundamente injusto, pero sí que es un instrumento de último recurso.
¿Cómo debería actuar la banca, se debería abrir más el grifo?
—El sector financiero ha acompañado este proceso con la ayuda del Estado hasta ahora. Las entidades financieras han hecho un análisis de riesgo y han continuado canalizando financiación. Ahora, respecto a la deuda, tienen que poner todos los medios para ayudar a empresas que eran viables en 2019, que han tenido problemas con el COVID, para que puedan seguir adelante, y por eso aprobamos este plan de ayudas.
¿Se extenderán los ERTE más allá del 31 de mayo?
—Hasta ahora se han adaptado en función de las necesidades porque el desarrollo de la crisis es muy asimétrico. Tenemos que ajustar los mecanismos de protección, pero también incentivar la incorporación al empleo de los trabajadores.