Un total de 9.576 personas han llamado al Govern en apenas diez días para saber cómo pueden acogerse a la anunciada moratoria para el pago de la hipoteca y a los microcréditos para el alquiler. No hay datos, por ahora, de cuántas personas han cerrado ya con los bancos un aplazamiento de la hipoteca, pero lo que sí se sabe es que nadie se ha beneficiado de los microcréditos anunciados porque las comunidades están a la espera de que el Ministerio aclare cómo se gestionarán las ayudas.
El Gobierno anunció hace unas semanas que los afectados por la crisis provocada por el coronavirus podrían acogerse a unos microcréditos del ICO para pagar durante seis meses la hipoteca o el alquiler y devolver esta cantidad en el plazo de seis años y de diez para casos extraordinarios.
En el caso de que el propietario del piso sea un gran tenedor, se ofrecerá a los inquilinos una reducción del 50 por ciento del alquiler o una reestructuración de la deuda en tres años. En cualquier caso.
Sin desahucios
Los inquilinos también pueden acogerse a la línea de ayudas públicas. Quedan suspendidos los desahucios durante un año.
El equipo de Pedro Sánchez anunció una inyección de 1.200 millones de euros que aún no se han visto en el mercado. Para poder acogerse a estas ayudas, una de las exigencias era que la unidad familiar no superara unos ingresos mensuales de 1.600 euros.
Esta limitación tan baja ha dejado fuera de las ayudas a la inmensa mayoría de las más de 9.000 consultas que ha recibido el Govern balear para ver qué deben hacer para tener algún tipo de compensación. Por esta razón, el director general d'Habitatge, Eduardo Robsy, ha anunciado que han pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que flexibilice estas condiciones para que más ciudadanos puedan acogerse a las ayudas.
Robsy asegura que el Govern está a la espera de que el Ministerio apruebe la orden que determine qué deben hacer los ciudadanos para poder recibir las ayudas. Solo se sabe que entre los requisitos para ello está que se hayan visto afectados por un ERTE o puedan acreditar una merma en los ingresos que les impida al pago del alquiler o la hipoteca.
Mientras llegan las ayudas del Gobierno, Natalia Bueno, presidenta de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) asegura que han detectado un notable aumento de acuerdos privados entre propietarios e inquilinos para cerrar rebajas en el precio de los alquileres que rondan el 20 por ciento aunque en algunos casos concretos llegan al 40 o al 50 por ciento.
Cadena de solidaridad
La presidenta de los API apeló a la «cadena de solidaridad y empatía» en unos momentos muy complicados para mucha gente que se ha quedado sin trabajo o ha visto mermado su sueldo.
Por lo que respecta al mercado inmobiliario, Natalia Bueno asegura que, pese a las complicadas circunstancias, se mantiene el interés de compradores extranjeros por la adquisición de inmuebles en la Isla cuando pase el estado de alarma.