El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) tiene actualmente a 359 menores tutelados en alguno de los 30 centros propios o concertados que dan atención residencial a niños y jóvenes con medidas de protección, entre los que tiene constancia de 16 casos de explotación sexual infantil.
Esos 16 casos son tanto de menores que han llegado a la tutela del IMAS por haber sido víctimas de explotación sexual, como de menores ya tutelados por la institución que habrían sufrido la explotación.
Las víctimas son 15 chicas y un chico, de los que 2 han sido trasladados y en la actualidad residen en centros de acogida de la península. Se encuentran entre los 278 adolescentes tutelados por centros del IMAS. En todos estos casos «se ha actuado siguiendo el protocolo del IMAS y se ha informado en todo momento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha detallado la institución insular en un comunicado.
El presidente del IMAS, Javier de Juan, ha asegurado, en declaraciones al programa «Els dematins» de IB3 Televisión que «existen personas que se dedican a la explotación de menores» y que la institución ha detectado estos 16 que afectan a 14 menores que siguen en Mallorca y 2 trasladadas «hace unos meses a la Península».
«Están protegidas y se han tomado las medidas», ha asegurado De Juan, quien ha destacado la colaboración «constante» con la Fiscalía, el Govern, la Policía Nacional y la Guardia Civil. «Estamos trabajando para tener una comisión conjunta donde podamos compartir mucha más información porque es una lacra social que solo podremos atajar con la colaboración de todas las instituciones, cada una en su ámbito», ha añadido.
Sobre el caso de la menor denunciante de una violación grupal en Nochebuena en Palma, De Juan ha explicado que la víctima reside en un centro de acogida y uno de los menores en el centro de menores del Pinaret (que gestiona el Govern), pero el resto de menores investigados, no.
Ha indicado que en este caso los técnicos están estudiando el traslado de la menor a la Península, que se adopta «como medida extrema» cuando es necesario «proteger a una víctima, sacarla de un entorno que puede ser muy hostil para ellas, que no es favorable» y con el objetivo de «protegerla al máximo posible».
Sobre si la menor se había fugado, De Juan ha precisado que «fugarse es cuando estás privado de libertad; los centros de acogida no son centros cerrados».
«Estos chicos en muchos casos no tienen autorización para salir del centro pero después de una visita no retornan, o a lo mejor como quieren quedar con los amigos salen sin autorización. Es una cosa que no necesariamente tiene que ver con casos como el que estamos hablando ahora de la presunta violación o de casos de explotación sexual. Sí que es una práctica que se da y que nosotros, en colaboración con la Policía, la Guardia Civil y el resto de instituciones, tenemos unos protocolos para poder poner en marcha mecanismos en casos que eso ocurre», ha detallado.
De Juan ha agradecido la labor de los profesionales del centro «en todo momento han estado con ella, la han acompañado, la han animado a poner la denuncia, y la han ayudado en este momento tan difícil». «Son profesionales que son muy cercanos y el apoyo que tiene esta chica ahora mismo», ha dicho.
El protocolo del IMAS establece que cuando cualquier profesional de un centro de protección tiene sospechas o indicios de que un menor pueda ser víctima de explotación sexual infantil debe recabar toda la información posible y elaborar un informe de incidencias.
Posteriormente se debe notificar el caso al Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI), y paralelamente se deriva el menor a la Unidad de Valoración del Abuso Sexual Infantil (UVASI) para que ésta valore la credibilidad del testimonio del menor.
El posible caso se comunica también a las Fiscalía de Menores y a Policía Nacional o Guardia Civil, con el informe de incidencias y toda la documentación relacionada con el caso.
Desde 2016, el IMAS forma parte de una comisión interinstitucional junto con el Govern balear, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que trabaja para combatir la trata y explotación sexual de menores.
A raíz de la participación en esta comisión, el IMAS puso en marcha en 2017 una instrucción que establece un protocolo para detectar, obtener información y coordinar la intervención ante posibles casos de este tipo.
Desde el IMAS se hace un seguimiento de las actuaciones policiales y judiciales que vengan motivadas por esta comunicación a Fiscalía y que entren dentro del ámbito de actuación de la Dirección insular de Infancia y Familia. Dado que se trata de expedientes de protección de menores, todas las actuaciones están sujetas a reserva y confidencialidad.
El servicio de Infancia y Familia del IMAS trabaja de forma coordinada con los servicios especializados en infancia y familia tanto de la Policía Nacional (UFAM, Unidad de Atención a la Familia y la Mujer) como de la Guardia Civil (EMUME Equipo de Mujer-Menor), con los que se mantienen reuniones periódicas, a quienes se facilita el acceso a los expedientes y la comunicación con los menores implicados. En concreto ha habido cuatro reuniones en los últimos 3 meses.
Asimismo, el IMAS también trabaja con la Fundación Amaranta, especializada en la atención a menores y mujeres víctimas de trata. El IMAS dispone de un centro especializado gestionado por la entidad, para dar acogida a este tipo de menores y, en el caso de que se considere necesario para su seguridad, se puede trasladar a los menores a otros centros de acogida residencial de la península.
La Policía Nacional detuvo la semana pasada a ocho personas, un adulto de 19 años, una chica y seis chicos de entre 14 y 17 años, en relación con la violación en grupo de una adolescente de 13 años en Palma, en Nochebuena.