¿Debería el Consell de Mallorca mantener el monopolio sobre el servicio de ITV (Inspección Técnica de Vehículos) o sería más conveniente liberalizarlo? En un verano en que las estaciones de ITV han vuelto a ser noticia a raíz de la larga lista de espera para obtener una cita –un problema que el Consell de Mallorca parece haber resuelto, por fin–, un grupo de empresarios recuerda que otras comunidades del Estado han decidido acabar con el monopolio y liberalizar el servicio con resultados satisfactorios.
En 1992, el Consell adjudicó el servicio de ITV a una empresa por medio de una concesión. Esta concesión expiró en 2017, pero la institución la ha prorrogado dos veces. En el año 2000, vía decreto ley, y de acuerdo con la normativa europea, el Gobierno lo liberalizó. Es decir, abrió la puerta a la posibilidad de que las empresas y no solo la Administración –a través de una concesión, en el caso de Mallorca– pudieran ofrecerlo.
«ITV más atractiva»
Estos empresarios defienden que «al abrirse ITVs privadas aumenta la oferta, el ciudadano puede elegir y empieza la competencia». «La competencia implica que la ITV sea más atractiva de alguna forma, es decir, dar mejor servicio y ofrecer mejor precio. En ningún caso implica relajar los controles y dejar pasar coches que no sean seguros. Los puntos a controlar están regulados por el Ministerio de Industria», aseguran, «y además todas las estaciones, sean públicas o privadas, son sometidas a rigurosas inspecciones y controles» por el organismo correspondiente, añaden.
«En regiones como Murcia, Madrid, Canarias o Extremadura, donde se ha liberalizado el servicio, no existen problemas de colapso, prórrogas o concesiones. Simplemente se ha legislado de forma que las empresas que cumplan los requisitos puedan abrir una ITV privada», añade el grupo de empresarios, que tras crear una sociedad y hacaerse con un terreno, hace seis meses, pidió una preautorización al Govern. Miguel Zúñiga, uno de estos emprendedores, asegura que todavía no han obtenido respuesta.
El Consell barajó la pasada legislatura la posibilidad de prestar él mismo el servicio (no mediante un tercero sino de manera directa), pero finalmente lo descartó dado que creaba «problemas jurídicos». En mayo de este año volvió a licitarlo, de modo que descarta la liberalización.