La Audiencia Provincial de Palma ha dejado visto para sentencia el juicio del 'caso Over', que investiga el uso de fondos públicos para beneficiar a Over Marketing, empresa que se encargó de la campaña electoral del PP de Baleares en el año 2003.
La Fiscalía mantiene su petición de cinco años de cárcel para el exsecretario general del PP, Jose María Rodríguez, y, por su parte, la Abogacía de la Comunidad se ha opuesto a que la pena de cárcel para el expresidente del PP, Jaume Matas, se sustituya por multa por la relevancia de los hechos. La pena se vio rebajada a dos años y medio de prisión, tras llegar a un acuerdo.
El abogado de Matas, José Zaforteza, ha calificado esta solicitud --realizada por la letrada de la Comunidad, Ángeles Berrocal--, de «deslealtad» y de atentar contra «la buena fe procesal». «Obedece algo muy sencillo, que es a generar un titular de periódico», ha reprochado.
Por su lado, en esta última sesión del juicio, la defensa del PP en Baleares ha pedido la recusación del tribunal porque considera que en distintos momentos de la vista oral este ha perdido la «imparcialidad», habiendo hecho, además, preguntas a varios testigos «con carácter intimidatorio».
La Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad se han opuesto a la propuesta. El tribunal también y no ha admitido a trámite la queja debido a que este tipo de recusaciones, según marca la ley, deben realizarse cuando se perciban y la letrada del PP, formación investigada como responsable directa, se ha referido a interrogatorios de hace un mes.
En su informe final, el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, ha resumido su posición y ha explicado que, según su parecer, en la elaboración de la campaña electoral del PP de Baleares en 2003 se generó «una deuda» y que parte de esta se solventó mediante «un pago irregular», abonándose, en parte también por «contrataciones públicas». Además, ha añadido que «en todo esto» intervino José María Rodríguez en su condición de secretario general del PP y presidente del PP de Palma».
'Caso Palma Arena'
En esta pieza separada, la número 27 del 'caso Palma Arena', también están acusadas la exsecretaria general técnica de Conselleria de Interior, Maria Luisa de Miguel; la exjefa de prensa de la Conselleria de Salud, María Luisa Durán. Sus defensas han pedido su absolución. También está investigada la exdirectora general de Tecnología Encarnación Padilla --cuñada de Matas-- que se acogió al acuerdo de conformidad antes del juicio.
Por dicho acuerdo, Matas admitió haber cometido delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y prevaricación. A este pacto también se adhirió Mercado.
Matas admitió estos delitos y abonó su parte de la responsabilidad civil, de cerca de 10.000 euros. La petición de cárcel se vio rebajada de diez años a dos años y medio de prisión, una pena sustituible por 18.000 euros de multa, algo a lo que le Abogacía de la Comunidad se ha opuesto en la sesión de este viernes.
Sobre este acuerdo, la defensa de Rodríguez, José Manuel Madroñero, ha dicho que entiende que unas «personas corruptas» están dispuestas a hacer «cualquier declaración» con el objetivo de «eludir la prisión mientras que su cliente «no ha cometido ninguna ilegalidad». De esta manera, ha pedido su absolución.
Por su lado, la defensa del PP ha asegurado que «nada» durante este plenario, «ni un testigo ni una pericial ni un documento» confirma que el PP adeudase los 80.000 euros que Mercado reclamaba por los trabajos de la campaña electoral. «Da vergüenza de que se le de credibilidad por algo que podría llevar a la cárcel a otras personas; no se le dejó a deber absolutamente nada», ha remarcado.