La defensa del partido popular, acusado en el 'caso Over' ha planteado una perdida de imparcialidad de las tres magistradas y pide que sea revisado el tribunal.
El tribunal le ha pedido que concrete en qué preguntas y la letrada del PP no lo ha hecho. Alude a interrogatorios de «talante incriminatorio». La fiscalía se opone porque la reclamación se basa en testificales del 26 de febrero. La ley exige que se haga valer en el mismo momento. El PP no hizo preguntas durante todo el juicio y no protestó por las de el tribunal.
Esta petición del PP anularía el juicio. Sin embargo, el tribunal la rechaza por «ser extemporánea y rozar la mala fe procesal», según la presidenta del tribunal, Mónica de la Serna.
El fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha asegurado este viernes durante la exposición de su informe final del 'caso Over' que en la elaboración de la campaña electoral del PP de Baleares en 2003 se generó «una deuda» y que parte de esta se solventó mediante «un pago irregular», abonándose, en parte, también por «contrataciones públicas», y que «en todo esto intervino Jose María Rodríguez en su condición de secretario general y presidente del PP de Palma».
La Audiencia Provincial de Baleares finalizará este viernes el juicio por este caso, que empezó en octubre, y que investiga el presunto uso de fondos públicos para beneficiar a Over Marketing, empresa propiedad de Daniel Mercado, que se encargó de la campaña electoral del PP de Baleares en el 2003.
Cabe recordar que, en sus conclusiones definitivas, el pasado 28 de febrero, la Fiscalía mantuvo su solicitud de pena de cinco años de cárcel Rodríguez. A pesar de que se le mantiene la solicitud de pena de cárcel y de inhabilitación para empleo o cargo público, la Fiscalía le retiró la acusación derivada de un contrato en Función Pública -indicó que no hay una prueba clara de que no se hiciera nada- pero mantuvo que hubo malversación y prevaricación en relación a un contrato para realizar la imagen de la Policía Turística.
Según el fiscal Anticorrupción, existe una «duda razonable» respecto al contrato de la publicidad de oferta pública de empleo en la Función Pública por lo que considera que se debe optar por «la presunción de inocencia».