La consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, afirmó este jueves que los objetivos iniciales planteados con el REB se han cumplido «más o menos» a pesar de que la propuesta «política» cerrada entre Pedro Sánchez y Francina Armengol tiene enormes similitudes con la que no se aceptó del Gobierno de Mariano Rajoy.
Las medidas fiscales son un calco de las que se negociaron con Cristóbal Montoro, las subvenciones al transporte, también y la diferencia está en el Fondo de Insularidad. El Gobierno de Rajoy ofrecía una cantidad más o menos fija de unos 90 millones de euros anuales, cifra aportada por el PP, mientras que la pospuesta de Pedro Sánchez, es una cantidad variable en función de la media anual de inversiones del Estado en las comunidades autónomas.
El texto obliga al Gobierno a invertir en Balears la media de lo que invierta en el resto de las comunidades autónomas, algo que ya establece el Estatut d'Autonomia. El Govern se ha retrotraído a los últimos diez años para calcular que ese fondo será de 150 millones anuales. El departamento de Cladera se remonta a los años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en los hubo una gran diferencia entre lo que el Gobierno presupuestaba de media en España y lo que presupuestaba en las Islas, sin tener en cuenta, además, las inversiones estatutarias. Esos 150 millones anuales caen a 106 si se miran los últimos cinco años y bajan a 75 si solo se toma como referencia este año.
La consellera defendió que quedar en la media ya es una compensación a la insularidad porque el déficit histórico de inversiones es culpa de la insularidad, según dijo. Sin embargo, la propuesta de REB presentada por el Govern con el apoyo de la Plataforma que agrupa a más de 70 entidades dice que el Fondo de Insularidad debería sumarse a la media inversora. Es decir: el documento de trabajo obligaba al Gobierno a invertir en Balears la media de España y además se creaba un fondo añadido para compensar la insularidad que cifraba en 400 millones.
A esos 150 millones anuales que llegarán de este fondo de media inversora, llamado fondo de insularidad, el Govern suma otros 270 millones de las medidas fiscales y 70 millones más del descuento del 75 por ciento para los residentes, lo que suma un impacto global de unos 500 millones de euros al años.
«No es un documento rebajado», dijo la consellera, quien además precisó a la presidenta y señaló que la entrada en vigor está prevista para el primer semestre de 2019. Catalina Cladera afirmó que la «letra pequeña» deberá cerrarse ahora con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y aprovechó para pedir «responsabilidad y lealtad» a los demás partidos para que el proyecto de ley pueda aprobarse en el Congreso sin problemas.