El nuevo Régimen Especial de Baleares (REB) entrará en vigor en 2019. Así lo ha anunciado la presidenta del Govern, Francina Armengol, tras la reunión que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ha dicho que, de esta manera, Baleares alcanzará un «hecho histórico. Contaremos con un REB que nos situará en la media de inversión del Estado».
Armengol ha explicado que Sánchez se ha comprometido a hacerlo posible si hace falta mediante un decreto ley. Además, ha dicho que garantizará que Baleares será siempre como mínimo en la mediana de la inversión territorializada. «Es un avance importantísimo», ha asegurado.
Ha precisado que en la reunión también habían abordado la situación en los municipios afectados por las recientes inundaciones en el Levante de Mallorca, donde fallecieron 13 personas, y las dificultades en el suministro energético en las islas, especialmente en Menorca, que sufrió un apagón de 56 horas.
Armengol ha precisado que Sánchez «se ha comprometido» a garantizar ese suministro, a acelerar la llegada del cable eléctrico entre Mallorca y Menorca y a promover subastas de energías renovables encaminadas a llegar a la transición energética.
Otro de los asuntos tratados en la entrevista ha sido la mejora del acceso a la vivienda en las islas y la presidenta balear le ha informado del Plan que prevé construir 511 viviendas de protección oficial en Ibiza y Sánchez, ha precisado, se ha comprometido a colaborar.
Ha puesto el ejemplo de que en Palma hay unos terrenos del Ministerio de Defensa, que facilitarían la promoción de la oferta pública de vivienda.
Actualización
En cuanto al REB, ha precisado que necesitan que «se haga justicia» porque vivir en las islas es mas caro, tanto en la cesta de la compra como en el transporte, y ha recordado que el actual REB es de 1998 y necesita «una actualización y mejoras».
Armengol ha indicado que el presidente del Gobierno se ha comprometido a que la nueva ley entre vigor en 2019 e, incluso, «está dispuesto» a firmar un real decreto si no se aprueba en las Cortes en lo que queda de año.
Ha afirmado que para paliar esos «efectos negativos» de la insularidad, el REB contemplará desgravaciones especificas paras las empresas que quieren invertir en las islas y Sánchez «lo ha asumido», para garantizar la competitividad e igualdad.
La presidenta balear ha desvelado que habrá inversiones del Estado ligadas a las insularidad, una partida presupuestaria que situaría a la comunidad en la media de inversión territorializada, ya que en los últimos en diez años ha estado por debajo de la media.
Esas inversiones específicas, ha explicado, se definirían en una Comisión bilateral, «lo que es un avance importantísimo».
También incluye el REB el descuento del 75 % para los residentes en las islas para el transporte aéreo y marítimo interinsular y con la Península y «el compromiso es acelerarlo, para aprobarlo de forma inminente».
Se ha referido también a que el Gobierno balear negocia con los Ministerios inversiones para el transporte ferroviario, vía convenio ya que está transferido, así como para mejorar el saneamiento en el ciclo del agua, con inversiones de hasta el 50 % por parte del Estado, especialmente en las «zonas turísticas maduras».
Armengol ha precisado que los actuales presupuestos contemplan ese descuento del 75 %, pero su inclusión en el REB supondría que no dependería de las cuentas de cada año.
Preguntada por los resultados de la encuesta del CIS para Andalucía, que da la victoria al PSOE, ha reconocido que es «una alegría» para su partido ser la fuerza más votada y que Susana Díaz continúe al frente de la Junta, además de aumentar las expectativas para todos los socialistas.
En la reunión no han tratado sobre una próxima Conferencia de presidentes, pero Armengol se ha mostrado segura de que Sánchez «cree en los mecanismos federales y que ese instrumento es importante», por lo que se ha mostrado segura de que se celebrará y «será muy útil».
Preguntada por los recursos del Gobierno anterior contra leyes de Baleares, como las del uso del catalán y la prohibición de celebrar corridas de toros, ha indicado que habían hablado de la «litigiosidad» del anterior Ejecutivo y de la posibilidad de retirar algún recurso, cuestión de la que trabajan con la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet.