La mujer acusada de allanar la que había sido su vivienda habitual diez años después de haberse separado de su pareja ha asegurado este lunes ante el jurado de la Audiencia Provincial que ella y su hija consideraban que no tenían que pedir permiso a su expareja para instalarse allí, porque la acusada es propietaria al 50 por ciento del inmueble tras haber pagado 60.000 euros, según ha defendido.
La mujer ha sostenido que cuando ambas accedieron a la vivienda ubicada en Bunyola -algo que hicieron de día y utilizando sus propias llaves- se encontraron que la casa estaba en estado de abandono, que los perros de la finca eran alimentados por dispensadores automáticos y que su marido ya no residía allí.
La Fiscalía pide una condena de 1 año y 10 meses de prisión para la mujer y su hija, y la acusación particular, en nombre del denunciante, reclama 2 años de prisión, una orden de alejamiento durante 5 años y que se las obligue a abandonar de inmediato la vivienda.
La fiscalía ha señalado que el juicio aborda el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilios.
La defensa pide la absolución al considerar que no hay delito porque ni el hombre ni la mujer tienen la propiedad en exclusiva al ser copropietarios y el denunciante no residía allí cuando volvieron la mujer y su hija.
En su declaración, la mujer ha asegurado que sus hijos siguieron viviendo en la casa con el padre tras la separación, aunque iban y venían porque estudiaban fuera de la isla. Ella se mudó a un apartamento a Palma y durante diez años solo fue a la vivienda esporádicamente.
Diez años después de la separación de hecho, la mujer decidió volver a la vivienda familiar con su hija en 2014 sin comunicárselo a su exmarido. «Consideramos que no teníamos que pedirle permiso para nada porque la casa era de todos y nadie tiene derecho exclusivo a su uso», ha asegurado.
Ha agregado que fue en ese momento cuando él decidió volver a dormir todas las noches en la casa.
Ha relatado que su marido era el único propietario de la vivienda hasta principios de 2014, cuando le vendió a ella la mitad. Pocos meses después se separaron. Como copropietaria de la vivienda, la mujer ha defendido que puede residir en ella «con tanto derecho como él a vivir allí».
La mujer ha atribuido que el hombre siga corriendo con los gastos al hecho de que aunque vive con su actual pareja, necesita justificar que sigue residiendo allí para que su novia no pierda una elevada pensión compensatoria.
La hija ha insistido en el mal estado en el que estaba la vivienda cuando se trasladaron a ella, con «dejadez absoluta», con humedades y sin calefacción, y ha señalado que el hecho de que su padre pagara los consumos e impuestos «no quiere decir que viviera nadie en la casa».
Según la hija, desde que se ha trasladado a vivir allí con su madre, su padre la ha denunciado varias veces y el trato que les ha dado es de «acoso y hostigamiento».
La madre ha relatado que las denuncias de su exmarido han sido por cuestiones como podar una enredadera, conectar un foco en el exterior o aparcar un vehículo en el garaje.
El juicio proseguirá este martes en la Audiencia de Palma.