Una mujer y su hija serán juzgadas en Palma por allanamiento de morada. Las acusadas conservaban las llaves del domicilio familiar, en Bunyola, donde residía su exmarido y padre. En 2014 se instalaron en la vivienda del hombre sin permiso y en contra de su voluntad. Ahora, la Fiscalía reclama una condena de un año y 10 meses de cárcel para cada una.
El matrimonio se divorció en 2004. Diez años después, en julio de 2014, la mujer y la hija volvieron a la casa. La víctima, ante esta situación, decidió instalar el 2 de septiembre de aquel año una cerradura en la puerta de la habitación que ocupaba. Las acusadas, ese mismo día, colocaron pegamento en la cerradura para que el perjudicado no la pudiera usar.
El ministerio público ha calificado estos hechos como un delito de allanamiento de morada y una falta de coacciones. Concurre en las acusadas la circunstancia agravante de parentesco respecto a primer delito. Por la falta de coacciones reclama siete días de localización permanente en un domicilio alejado al de la víctima. El fiscal pide que indemnicen al hombre con 48 euros por la reparación de la cerradura.
Familia conocida
Las acusadas, de una conocida familia mallorquina, no tienen antecedentes penales ni estuvieron privadas de libertad por estos hechos. Madre e hija abandonaron el domicilio tras la separación del matrimonio en el año 2004. Una década más tarde volvieron a instalarse en la vivienda.
El hombre, defendido por el abogado José Manuel Domingo Rubio, no estaba de acuerdo con que volvieran a vivir bajo el mismo techo y las denunció. La acusación pide una condena de dos años de prisión. Un tribunal popular juzgará a las dos mujeres, próximamente, en la Audiencia.