El transporte público de Baleares volverá a ser gratuito el año que viene durante los seis primeros meses del año. El Gobierno ha aceptado estas bonificaciones a petición de Podemos, que a cambio dará apoyo a la ley de Eficiencia de la Justicia, según ha detallado la portavoz de la formación en el Congreso, Ione Belarra, una información confirmada por el Ministerio. El Gobierno se compromete también a prorrogar un año la prohibición de desahucios a familias vulnerables. El Gobierno tiene previsto aprobar estas medidas en el Consejo de Ministros que se celebra el lunes de manera extraordinaria ya que el martes es Nochebuena.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, que por la mañana había enviado una carta al ministro Óscar Puente para reclamar la gratuidad, ha lamentado que el Gobierno no les haya informado de esta circunstancia y que se hayan tenido que enterar por la prensa. «No es de recibo no contar con información oficial del Gobierno», ha asegurado desde su cuenta de X.
La aprobación de esta prórroga se ha decidido in extremis y tras una larga negociación con Podemos. En Canarias y Baleares el transporte público estará bonificado al 100 % y en el resto de las comunidades autónomas el Gobierno pagará el 30 % si la comunidad respectiva paga el 20 % restante. La previsión es que el decreto se apruebe el lunes con una prórroga para los seis primeros meses. A partir del mes de julio y hasta final de año, la intención del Gobierno es ir reduciendo la universalidad de las ayudas para focalizar las subvenciones en determinados tipos de usuarios.
La subvención del Gobierno a la Comunitat Autònoma es de 43 millones para todo el año, pero el Govern tiene que aportar de su bolsillo otros 13 millones porque esta cantidad es insuficientes. Además, el Ejecutivo balear tiene aprobadas una serie de bonificaciones propias que le suponían un desembolso de unos 53 millones de euros entre ayudas a menores, estudiantes y pensionistas. El Govern esperará a conocer los detalles del acuerdo para valorarlo.
Lo mismo sucede con la EMT ya que el Ajuntament de Palma tenía previsto empezar a cobrar los billetes a partir del 1 de enero. La previsión era fijar las tarifas que existían antes de que se aprobara la gratuidad, lo que de facto supone una congelación. También el Govern trabajaba para implantar en metro, tres y autobús interurbano las mismas tarifas que antes de la gratuidad.