Los abogados acusados de grabar a escondidas a la infanta Cristina cuando declaró como imputada en el caso Nóos en 2014 lo han negado en el juicio por desobediencia que se celebra este lunes en Palma, donde han apuntado que las imágenes pudieron ser captadas por funcionarios exentos de pasar el control de seguridad.
Las defensas de los dos letrados, un hombre y una mujer que acudieron a la declaración del 8 de febrero de 2014 en sustitución de uno de los abogados personados en la causa, han insistido en poner de manifiesto que ni los funcionarios del juzgado de guardia, ni los del juzgado de instrucción dirigido por José Castro ni otros trabajadores de la sede judicial tuvieron que someterse al control de aparatos electrónicos.
El juez instructor había dictado una providencia en la que prohibía el acceso al edificio donde se celebró la declaración con cualquier dispositivo susceptible de ser empleado para grabar vídeo o audio en la sala, pero el propio magistrado, según han confirmado varios testigos, eximió de esa prevención a los funcionarios de su juzgado, el 3, y también a los de instrucción 8, que ese día estaba de guardia y a personal técnico y de limpieza.
Los dos acusados de desobediencia grave, para quienes la Fiscalía solicita sendas penas de un año de prisión, han relatado en sus declaraciones que funcionarios del juzgado entraban y salían libremente de la sala donde se celebró la comparecencia.
«Yo no he grabado nada, ni me dedico a eso. Es el mayor ataque a mi dignidad que he sufrido como persona», ha señalado el acusado al inicio del juicio que se celebra en el juzgado de lo Penal 6 de Palma.
La vista se celebra en la misma sala en que se produjeron los hechos juzgados, una habitación de la segunda planta del edificio judicial de Vía Alemania de Palma a la que el día que declaró la infanta los abogados accedieron tras pasar estrictos filtros de seguridad.
«No grabé nada, de ninguna manera, ni portaba nada, ni se me hubiera ocurrido, ni accedí con nada», ha incidido el acusado, que se ha desligado absolutamente de la difusión de una grabación de vídeo a través de una plataforma de internet y que difundió también el diario El Mundo al día siguiente de la declaración de la infanta.
Su compañera de banquillo ha rechazado igualmente que hubiera utilizado algún medio oculto para registrar la comparecencia de la hermana del Rey. «Mi carrera profesional y personal yo no me la juego por nada», ha subrayado emocionada.
«El domingo por la noche (la declaración de la infanta se celebró un sábado) tenía muy claro todo», ha dicho respecto a quién pudo grabar las imágenes desde una posición cercana a la suya: un banco posterior a otros dos ocupados por funcionarios judiciales.
Los defensores de los dos acusados han apuntado en concreto a una trabajadora del juzgado que se sentaba justo delante de la letrada encausada.
También han coincidido en rechazar cualquier concertación entre ellos para tomar imágenes y divulgarlas y han argumentado que asistieron a la declaración pero no hicieron preguntas porque no se trataron temas que afectaran a su representado, Robert Cockx, que finalmente fue desimputado.
El policía nacional que hizo el primer informe en que se señalaba al abogado como autor del vídeo, aunque no a su compañera, ha ratificado hoy que según sus pesquisas la persona colocada en el lugar desde donde se registró la imagen en el momento en que se tomó era él, pese a que la imagen luego se distorsionara invirtiéndola con un efecto digital de espejo.
Han declarado también, entre otros agentes, el jefe del dispositivo de seguridad, el policía responsable de supervisar la seguridad privada y el responsable de la empresa de guardas jurados que controló el acceso el día de la declaración de la infanta ante Castro, y los tres han confirmado que el control de dispositivos electrónicos solo afectó a los letrados personados en el proceso.