La Audiencia Nacional ha ratificado este martes una decisión de un juzgado de Palma que permitirá que salga a subasta la finca Can Poleta, ubicada en el Port de Pollença, propiedad del exbanquero Mario Conde, en prisión acusado de blanquear 13 millones de euros procedentes de Banesto.
Un juzgado de primera instancia de Palma avaló la posibilidad de que la finca Can Poleta saliera a subasta, al rechazar un recurso del abogado Javier de la Vega, en prisión junto con el exbanquero, acusados de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales.
Y la Audiencia Nacional ha ratificado la decisión de la titular del juzgado de Primera Instancia nº 18 de Palma, María del Pilar Caballero, que rechazó un recurso de la sociedad con sede en Luxemburgo GI Beteiligung, presunta propietaria de la finca.
La jueza concluyó que la finca es propiedad del entorno de Conde, ya que en el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que decretaba el ingreso en prisión del exbanquero, esta sociedad figuraba como una de las empleadas por él para repatriar a España fondos procedentes del extranjero.
En concreto, señalaba entonces Pedraz, fondos procedentes de delitos por los que el exbanquero ya fue condenado, y por los que cumplió algo más de diez años de cárcel: los casos Argentia Trust y Banesto.
A través de GI Beteiligung, que adquirió Can Poleta en 2002 a una sociedad controlada por el propio Conde y el que fuera su colaborador en Banesto Arturo Romaní, el exbanquero habría repatriado a España 393.000 euros, de los 13,06 millones que está acusado de blanquear.
Una vez confirmada la decisión del juzgado de Palma, y una vez que el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo publique, lo que previsiblemente ocurrirá en los próximos días, la finca aparecerá en el portal de subasta judiciales del Ministerio de Justicia.
En esta finca pasó Conde los primeros días de su libertad condicional tras abandonar, en agosto de 1999, la cárcel de Alcalá Meco, en la que había permanecido 17 meses.
Desde el 26 de febrero de 1998, el exbanquero cumplía una condena de cuatro años y dos meses de cárcel por apropiación indebida de 600 millones de pesetas en el denominado caso «Argentia Trust».