El alcalde de Palma, José Hila, y la delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer, han coincidido este martes en negar que exista «ninguna inseguridad jurídica ni vacío legal» tras la anulación de la Ordenanza Cívica de la Playa de Palma por una sentencia judicial.
Hila y Palmer se han reunido para analizar la situación de seguridad en la Playa de Palma y de control de las conductas incívicas en el municipio, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares anulara en una sentencia la ordenanza aprobada en la pasada legislatura, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.
Tanto el alcalde como la responsable de las fuerzas de seguridad del Estado en Baleares han coincidido en señalar que no existe «ninguna inseguridad jurídica ni vacío legal», a pesar de la sentencia, porque existen legislación estatal y ordenanzas municipales para poder seguir ejerciendo el control necesario.
Como ejemplos han mencionado la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 7/1985 y la reciente Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, así como ordenanzas municipales en vigor como la de uso cívico de los espacios públicos de 2011 o la de ocupación de la vía pública de 2012.
El alcalde de Palma y la delegada del Gobierno asistirán a la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento de la Playa de Palma para explicar a empresarios y vecinos la normativa vigente, así como las acciones que se llevarán a cabo de manera conjunta y coordinada en los próximos meses en la zona.
Ambos han transmitido tranquilidad y han insistido en recordar que la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía cuentan con el amparo legal necesario para poder ejercer su labor de lucha contra la delincuencia y de servicio a la ciudadanía, al margen de la ordenanza anulada.