El alcalde de Palma, José Hila, ha pedido este viernes «responsabilidades políticas a los responsables» de la ordenanza cívica que ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y ha explicado que ya ha reclamado a los servicios jurídicos del consistorio «que determinen el alcance de la sentencia así como qué pasará con los 18.000 expedientes por infracción que se han impuesto desde su aplicación.
En rueda de prensa, el alcalde ha señalado que ha pedido una reunión urgente con Delegación de Gobierno porque determinados temas, -como la venta ambulante, el botellón o la prostitución- habían sido asumidos por Cort a consecuencia de la ordenanza cívica y ahora Delegación de Gobierno podría volver a tener que «implicarse» en su control.
REUNIÓN URGENTE CON DELEGACIÓN DE GOBIERNO
Así, el alcalde ha explicado que pedirán la «implicación y colaboración» de Delegación de Gobierno para las materias que anula la ordenanza. «A partir de ahora empieza todo un trabajo de ver cómo afecta tener determinados temas como la venta ambulante que con la ordenanza era competencia de Cort pero, como ya no está en vigor, Delegación de Gobierno se tiene que implicar», ha declarado.
Según ha considerado Hila, si el Ayuntamiento no es «competente» para la ordenanza, puede que tampoco lo sea «para regular estos temas». Por ello, el primer edil ha añadido que «quizá ha llegado el momento» de que el «protagonismo» en estas materias concretas lo tenga la Policía Nacional, y no la Local.
Hila, quien no ha podido concretar la cantidad total a la que ascienden las multas que se han pagado por esta normativa, ha dicho que el actual equipo de Gobierno no sustituirá la ordenanza que ha sido anulada por otra, pero regulará los temas «que queden sin regular».
El alcalde ha incidido en que la sentencia del TSJIB «lo deja bien claro» y dice que la corporación municipal no tenía competencias para redactar la ordenanza, con lo que «da la razón a todas las personas, entidades y partidos que se opusieron» y presentaron 2.019 alegaciones, de las cuales más de 1.900 exigían su retirada.
HILA: «EL PP ESTABA EQUIVOCADO»
«El PP estaba equivocado y cometió un error», ha manifestado antes de recordar que uno de los compromisos de su programa de Gobierno era derogar esta normativa y de «pedir responsabilidades políticas a los responsables del anterior equipo de Gobierno que llevaron adelante la ordenanza y vendieron que era la gran solución».
«Quienes querían recordar derechos cívicos estaban equivocados. Es el momento de que alguien acepte su responsabilidad porque también tendrá consecuencias, las personas que presumían de aprobar la ordenanza ahora tendrán algo que explicar», ha incidido el alcalde.